En el círculo más estrecho del presidente Gustavo Petro, a quien le quedan seis meses en el poder y ha tenido más de 68 ministros en su Gobierno, hay un grupo numeroso de funcionarios que están bajo la lupa de la justicia, al punto de que varios han sido llamados a juicio e imputados.
Eran y son de la confianza del mandatario: Juliana Guerrero, Ricardo Roa, Jaime Ramírez Cobo, Laura Sarabia, Guillermo Jaramillo, Olmedo López, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Armando Benedetti. Diez fichas del entorno presidencial con algún tipo de requerimiento, indagación o señalamiento en curso.
Vale la pena mencionar dos casos recientes: Juliana Guerrero intentó ser viceministra de Juventudes con títulos irregulares en gestión contable y contaduría en la Fundación Universitaria San José, sin ir a clases ni presentar las pruebas Saber Pro. Será imputada, el próximo 27 de febrero, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
También será imputado otro funcionario de la entraña del jefe de Estado: Ricardo Roa, exgerente de la campaña del Pacto Histórico; la Fiscalía lo llevará ante un juez por presunto tráfico de influencias y por violación de topes de campaña. El ente acusador sostiene que Roa aprovechó su cercanía con los círculos de poder para obtener condiciones favorables en la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá. La diligencia quedó programada para el 11 de marzo.
Juliana Guerrero y sus títulos falsos
Cuatro meses después de que la congresista Jennifer Pedraza radicara la denuncia contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez (exsecretario de la Fundación Universitaria San José), la Fiscalía citó para el 27 de febrero la imputación de cargos contra ambos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El ente acusador anunció que, en el caso de Guerrero, indaga los trámites con los que habría obtenido sus títulos irregulares de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable en esa institución, diplomas que, según la investigación, fueron adquiridos por poco más de 8 millones de pesos, mediante pagos realizados directamente a la universidad. En cuanto a Gutiérrez se indaga su posible participación en los hechos haciendo uso de su cargo para facilitar trámites.
Pero el dato político que hoy pesa más que el judicial es otro: pese a la tormenta y al llamado formal a imputación, el presidente Gustavo Petro no la ha soltado. Guerrero sigue sentada donde se toman decisiones: continúa como delegada del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC). En otras palabras, mientras la Fiscalía la lleva a estrados por el escándalo de títulos en la U. San José, la Casa de Nariño la mantiene con fuero de poder en el sistema universitario público.
Imputación contra Ricardo Roa
Roa, hoy presidente de Ecopetrol, arrastra cuestionamientos desde hace al menos dos años, desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió la investigación por la financiación de la campaña del Pacto Histórico que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. En este caso, la sanción administrativa llegó antes que la imputación de cargos de la Fiscalía: en noviembre del año pasado, el CNE sancionó a Roa (como gerente de campaña), a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto con multas por $5.922 millones, tras concluir que la campaña “Petro Presidente” violó los topes por más de $3.042 millones entre primera y segunda vuelta.
Ese fallo fue el que activó la compulsa de copias que hoy empieza a tomar forma en la Fiscalía. Pero el salto entre lo administrativo y la acción judicial no fue inmediato: pasaron meses antes de que el ente acusador tradujera esa decisión del CNE en un paso procesal concreto. Y eso, justamente, alimentó la controversia: el CNE ya había perfilado a Roa con capacidad decisoria sobre el gasto y con responsabilidad directa en los reportes —él mismo admitió en versión libre su carga de documentos de la campaña a la plataforma Cuentas Claras—, pero la imputación por el delito de violación de topes de campaña, anunciada por la Fiscalía, todavía no tiene fecha definida.
La otra imputación de cargos sí está definida: 11 de marzo. En este caso la Fiscalía busca establecer si habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición del inmueble, una operación que despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó. El ente acusador investiga una presunta retribución a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo contratos en Ecopetrol tras haber facilitado la compra del apartamento de Ricardo Roa.
Ramírez Cobo, en la mira de la Fiscalía
A Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre y hombre de confianza de Laura Sarabia, la Fiscalía tiene bajo indagación judicial. Su nombre se repite, una y otra vez, en el expediente madre del Gobierno: el saqueo de la UNGRD con la compraventa de 40 carrotanques en La Guajira y otros contratos relacionados con la atención de desastres.
Y volvió a asomarse, más recientemente, en el nuevo incendio político por el entramado de los interventores del sector salud. Pese a ser mencionado en dos escándalos, el ente acusador, según conoció EL COLOMBIANO, mantiene la investigación en su contra en medio de varias labores judiciales en curso. “Estamos a la espera de un resultado final de labor judicial para tomar decisiones”, reconoció una fuente del ente acusador al indicar que no descartan una imputación de cargos en su contra por el desfalco de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Ramírez Cobo lleva meses fuera del radar público y, aun así, en círculos judiciales y políticos lo describen como una bisagra: un exasesor del Dapre que habría conectado llamadas, presiones y urgencias entre congresistas y funcionarios para destrabar contratos hoy cuestionados. La Fiscalía, sin embargo, no da resultados en su caso.
¿Sarabia está a prueba de escándalos?
En el gobierno Petro, Laura Sarabia ha estado bajo el radar por el caso de su exniñera Marelbys Meza (polígrafo y actuaciones de seguridad del Estado tras el robo en su casa) y otro, más reciente, por una indagación patrimonial en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema. Ahora su nombre también figura en un presunto favorecimiento de los interventores de la salud a través del reparto de unas hojas de vida a través de Jaime Ramírez Cobo, cercano a ella y quien fue padrino de matrimonio de Sarabia.
El expediente que más la ha perseguido en el tiempo es el proceso de Meza, un caso que derivó en una indagación penal por presunto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Esa actuación se remonta a finales de enero de 2023 y se convirtió en un símbolo de presunto uso indebido de capacidades estatales en un asunto privado.
Hace unos días ese proceso tuvo un giro: la Fiscalía apartó al fiscal que llevaba el caso y ordenó reasignación por un impedimento, lo que reacomodó el proceso sin cerrarlo. En paralelo, ese mismo episodio activó el frente disciplinario. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra Sarabia y otros funcionarios en 2023 por los hechos del polígrafo.
Aparte de esos dos casos, en mayo de 2025 se conoció que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema mantenía abierta una indagación por denuncias que apuntan a posibles irregularidades en ingresos y patrimonio, en una línea que incluye hipótesis como enriquecimiento ilícito y delitos conexos; en ese marco se ordenaron actos como inspecciones y recolección de soportes de remuneración en el Dapre.
El “flamante” ministro de Salud
Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, también carga expedientes en el frente judicial. El más visible en los últimos meses viene desde la Corte Suprema: la Sala de Instrucción compulsó copias para que Fiscalía, CNE y Comisión de Acusación adelanten actuaciones por presuntas irregularidades asociadas a la campaña presidencial de 2022, un movimiento que lo pone en el mismo renglón de escrutinio que Ricardo Roa.
En ese capítulo, la discusión gira alrededor de registros y pagos de vuelos y la forma en que habrían sido reportados, un tema que la Corte consideró con peso suficiente para pedir investigación a otras autoridades. No es una condena ni una imputación por sí misma, pero sí un paso que formaliza el traslado del asunto a instancias con capacidad sancionatoria y penal.
A la par, Jaramillo ha enfrentado otras decisiones de la justicia. La Corte Constitucional le abrió un incidente de desacato relacionado con órdenes y cumplimiento en materia de salud, lo que lo ubica en un terreno de control judicial directo sobre la ejecución del Gobierno.
Olmedo y el “robo” a plata de la Guajira
Tras tantos escándalos de este Gobierno y de los personajes que los han protagonizado, hay un nombre estelar que provino de la propia izquierda: el corrupto Olmedo López.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien estuvo al mando de la entidad desde abril de 2023 y renunció en marzo de 2024 tras surgir los señalamientos que lo acusaban de ser uno de los cerebros que manejó irregularidades en contratos de la entidad de atención a desastres, y que ya ha sido procesado y capturado por este escándalo, hace tan solo unos meses, advirtió que su seguridad y la de su familia están en riesgo, luego de que el presidente Gustavo Petro lo calificara públicamente como “traidor de la izquierda”.
Este ‘reversazo’ del presidente Petro, quien en su momento designó a López como director de la UNGRD, ahora, en reiteradas ocasiones, lo ha tildado de “ladrón”.
Por su parte, López ya ha asegurado que esta afirmación del mandatario colombiano lo ha puesto en riesgo. “En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó de ‘traidor de la izquierda’. Esto constituye una grave estigmatización pública y equivale a poner precio a mi cabeza”, dijo López.
Carlos Ramón González, el prófugo
Como digna historia de película, el exdirector del Dapre y quien fue “mano derecha” del presidente Petro, se fugó antes de que la justicia colombiana pudiera radicar su captura.
Actualmente está en Nicaragua. Allí habría recibido asilo político, luego de que la Fiscalía, en noviembre del año pasado, radicó el escrito de acusación en su contra por el entramado de corrupción en la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, González habría actuado como uno de los principales articuladores políticos del entramado del desfalco de la entidad, junto con Olmedo López. Los delitos imputados a González incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Sin embargo, su estadía en Managua es de todo menos bajo perfil. A principios de enero de este año, se dio a conocer la lujosa mansión en la que estaría pasando sus días el exalfil del presidente Petro.
Desde Nicaragua reapareció hace pocas semanas en una videollamada para su audiencia de acusación. El 29 de enero, la Fiscalía lo señaló formalmente como el presunto cerebro del saqueo a la entidad y lo acusó de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
Bonilla y Velasco, así llegaron a la cárcel
En diciembre del año pasado, antes de que Colombia celebrara navidades, se dio a conocer que los exminisitros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), irían a la cárcel por su participación en el entramado de corrupción de la UNGRD e Invías.
La magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo el exministro Velasco, antes de que finalizara la sesión.
Y es que ni ellos mismos se esperaban tal decisión. En su momento, el Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel. Para los exfuncionarios el peor escenario era terminar presos en sus propias casas; sin embargo, la determinación fue más contundente: terminaron encarcelados en centro penitenciario.
A ambos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Se declararon inocentes.
Armando Benedetti, la mano derecha en líos
Hay pocas figuras que han resistido a los ‘remezones’ ministeriales del presidente Gustavo Petro. Muchos han salido por diferencias o por simples determinaciones apresuradas del jefe de Estado; sin embargo, hay uno que se mantiene: Armando Benedetti.
Su carisma y sus movimientos camaleónicos lo han llevado a ser uno de los más “cercanos” al presidente Gustavo Petro. Entre comillas, porque fuentes le han confirmado a EL COLOMBIANO que ya no se encuentran tan unidos como se aparenta. Es más, dicen que desde que fue incluido en la Lista Clinton está disminuido y que eso le ha generado consecuencias que sus abogados están intentando atajar.
Lo cierto es que todavía se mantiene, y él es otro de los personajes que ha estado involucrado en varios escándalos que han manchado la reputación de esta administración. En 2024, su actual pareja, Adelina Guerrero, denunció un supuesto caso de violencia intrafamiliar con hechos que habrían incluido amenazas y agresiones. Además, Laura Sarabia también lo denunció por presunta violencia de género y agresiones. Ambos casos siguen abiertos, sin determinaciones ni reproches del presidente.
Otro caso que sigue sin resolverse y que involucra al ministro es la investigación que adelanta la magistrada Cristina Lombana relacionada con presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que el año pasado se ordenó una diligencia de allanamiento a la vivienda de Benedetti en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en Barranquilla.
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