La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), liderada por el cuestionado Wilmar Mejía, elaboró un informe de inteligencia en el que advierte sobre un presunto incremento injustificado en el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana durante los últimos años.
El documento, identificado con el número 10513, fue realizado por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta una indagación en contra de la togada.
El informe, de 44 páginas, fue publicado por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio. En él, se señala que existirían aumentos significativos en el patrimonio de la magistrada y de su esposo desde 2018, año en el que Lombana llegó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según el documento, el patrimonio de la magistrada habría pasado de $651 millones en 2017, antes de asumir el cargo, a $1.018 millones en 2018.
Para 2024, la cifra habría ascendido a $3.402 millones, lo que representaría un incremento de más de cinco veces frente al patrimonio que tenía antes de llegar a la Corte Suprema.
Las inconsistencias entre los bienes
La UIAF también habría encontrado inconsistencias entre los bienes reportados por la magistrada y sus declaraciones de renta, las cuales —según el informe— reflejarían apenas una tercera parte del valor de su patrimonio.
El documento extiende además el análisis financiero a familiares de Lombana, especialmente a su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velásquez.
De acuerdo con la investigación, los mayores ingresos del hogar provendrían de la magistrada. Sobre su esposo, se menciona que trabaja como defensor público mediante contrato con la Defensoría del Pueblo.
El periodista que reveló el contenido del informe aseguró que consultó a la magistrada sobre estos hallazgos. Según relató, Lombana respondió: “He sido una mujer sumamente organizada y afortunada porque pude siniestrar unas pólizas a raíz de un cáncer que me fue diagnosticado”.
La magistrada explicó que con esos recursos pagó varias deudas, incluidas hipotecarias, y que además recibió un apartamento de mayor valor tras ganar un litigio contra la empresa “Bienes & Bienes”. También aseguró haber recibido dos herencias, una por la muerte de su abuela y otra tras el fallecimiento de su madre.
No obstante, el informe de la UIAF señala que la herencia proveniente de su progenitora habría sido de poco más de 20 millones de pesos y compartida con otro heredero.
La magistrada, además, indicó que desde su llegada a la Corte Suprema ahorra parte de sus ingresos en una cuenta AFC. Inicialmente afirmó que destinaba el 10 % de su salario, aunque posteriormente aseguró que era el 30 %. También explicó que, por haber pertenecido al Ejército, se encuentra en un régimen especial que le permite recibir simultáneamente una pensión por invalidez y el salario como magistrada.
Es más, añadió que el incremento patrimonial podría explicarse porque su contadora habría actualizado el valor de sus bienes inmuebles conforme a avalúos comerciales, con el fin de disminuir eventuales cargas tributarias por ganancia ocasional en caso de venta.
Su nombre es reconocido en la opinión pública porque ella fue la encargada de solicitar el allanamiento que se le hizo al ministro del Interior, Armando Benedetti, en su lujosa casa en el conjunto de Lagos de Caujaral en Puerto Colombia, Atlántico.
Tras ese procedimiento, Benedetti reaccionó calificando a la magistrada de “loca, demente y delincuente”, generando rechazo a través de redes sociales.
Según la información conocida por el periodista, Lombana considera que el informe de la UIAF hace parte de una persecución política en su contra promovida por Benedetti y en la que habrían participado el exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación.
El documento concluye aclarando que “en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio en procesos judiciales y disciplinarios”.
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