La ejecución del programa de ollas comunitarias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Risaralda dejó a miles de personas sin la asistencia alimentaria prometida, según la revisión preliminar de los datos de ejecución entre 2018 y 2024 que realizó la representante del Partido Verde, Carolina Giraldo.
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La iniciativa, anunciada en octubre de 2023 bajo la dirección de Olmedo López —actualmente investigado por corrupción— buscaba entregar 685.000 raciones de alimentos a 7.611 personas afectadas por la ola invernal en ocho municipios del departamento, con una inversión superior a los $6.000 millones de pesos.
Sin embargo, hasta la fecha solo se ejecutaron $3.533 millones, se distribuyeron 412.650 raciones y se atendieron 4.490 personas, lo que significa que más de 3.100 personas quedaron sin recibir la ayuda prometida.
La situación es particularmente crítica en Mistrató, donde se concentraba un 41 % de la población afectada por la emergencia y donde la entrega de alimentos fue cancelada por supuestos problemas de accesibilidad identificados después de firmado el contrato.
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Además, varias de las ollas comunitarias fueron ubicadas en zonas urbanas de Pereira, como el barrio Salamanca, desviando recursos que debían llegar a comunidades rurales y a población indígena afectada por la ola invernal. Este desajuste limitó que los alimentos llegaran a quienes realmente los necesitaban.
El contrato del programa fue adjudicado a FRESCAMPO S.A.S., una empresa que ya enfrenta investigación penal por presunto peculado en un contrato similar durante la pandemia de 2020, cuando desaparecieron más de 11.000 paquetes de alimentos distribuidos con la Gobernación de Risaralda.
La congresista Carolina Giraldo, quien ha venido revisando la ejecución presupuestal de la UNGRD en la región y detectando irregularidades, señaló que la planeación deficiente obligó a muchas personas a caminar hasta diez horas diarias por un solo plato de comida y cuestionó la falta de información oficial sobre los contratos y soportes financieros, incluso tras presentar tutelas para obtenerlos.
Giraldo hizo un llamado urgente a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que investiguen los hechos, sancionen a los responsables y garanticen la recuperación de los recursos públicos, ante lo que calificó como otra “olla podrida” de la UNGRD.
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