Revelar el entramado delictivo del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño y responder por delitos diferentes al narcotráfico es la petición de víctimas, organizaciones sociales y sectores políticos que presionan por dilatar la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, la cual podría darse en un mes, según cálculos del Gobierno.
El escrito de acusación formal de la justicia estadounidense llegó dos días después de la captura del capo, por lo que se teme que la extradición avance rápidamente y Dairo Antonio Úsuga se vaya dejando una estela de impunidad sobre los otros delitos que se le inculpan.
“Otoniel siempre ha estado vinculado a la ilegalidad en el Urabá. Debería contar la verdad sobre los grandes despojos de tierra, el apoyo que recibieron grupos paramilitares y quién estaba detrás, porque él era el cabecilla”, alertó Gerardo Vega, vocero de la Fundación Forjando Futuros, quien teme que con la extradición no se conozca la verdad.
El capo tiene 128 órdenes de captura en Colombia relacionadas con masacres, asesinato de líderes sociales, violencia sexual, entre otros delitos que, a juicio de las organizaciones sociales, quedarían en impunidad. “Si lo extraditan, solo responderá por narcotráfico y luego negociará las penas, terminará con otra identidad, protegido en Estados Unidos, burlando los derechos de las víctimas”, recalcó Alirio Uribe, abogado defensor de víctimas.
Entre esas víctimas se cuentan los integrantes de la Fuerza Pública, por casos como ataques con minas antipersonales en territorios donde se mueve el Clan del Golfo. La Corporación Mil Víctimas recalcó que ese grupo ilegal realizó esa práctica desde 2016 en Antioquia, Chocó y Córdoba, asesinando a 20 militares en diferentes episodios, como la emboscada en la que murieron cinco soldados en Puerto Libertador, Córdoba, atacados con explosivos el pasado 21 de septiembre.
Por ello, ha pedido que se tengan en cuenta las afectaciones contra los militares en las cuentas que “Otoniel” debe rendirle a la justicia.
Esta presión es respaldada por políticos de partidos de centro e izquierda, que recuerdan que la extradición de exjefes paramilitares en 2008 no contribuyó a la verdad del conflicto, ni a la reparación de las víctimas. Y es que, como lo reveló ayer EL COLOMBIANO, Estados Unidos estaría interesado en la información sobre las rutas y redes de apoyo que le permitieron a “Otoniel” mover toneladas de coca al año hacia ese país.
Mientras se despeja ese futuro jurídico, el presidente Duque celebró que “Otoniel” esté tras las rejas, publicando las imágenes del encarcelamiento en sus redes sociales.
Y aunque dijo que ese castigo pone fin a “tanto dolor causado, tanto narcotráfico, tantas muertes, tantas masacres, tantos líderes y policías asesinados”, afirmó que se debe garantizar la cooperación con Estados Unidos para que responda en los procesos por los que tres cortes lo piden en extradición, y que luego de cumplir la condena en ese país, vuelva a Colombia para ser judicializado
