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Vivienda para restituidos, asunto pendiente en campo colombiano

  • En Urabá, solo el 40 % de los restituidos ha accedido al subsidio de vivienda ordenado por los magistrados y el 73 % de las viviendas están en riesgo estructural. FOTO Cortesía Forjando Futuros
    En Urabá, solo el 40 % de los restituidos ha accedido al subsidio de vivienda ordenado por los magistrados y el 73 % de las viviendas están en riesgo estructural. FOTO Cortesía Forjando Futuros
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 10 de junio de 2020

El 93 % de órdenes judiciales dictadas desde 2018 no se han cumplido dice

la Procuraduría:

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de Fiduagraria, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los bajos índices de cumplimiento de la política de vivienda rural, y en especial de los fallos de jueces de restitución de tierras, que en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con ese beneficio a familias de campesinos víctimas de abandono o despojo.

Se debe tener en cuenta que los magistrados de Restitución de Tierras en sus sentencias no solo ordenan la entrega del bien a la familia campesina despojada por la violencia, sino otras medidas de atención integral para garantizar la reparación y la no repetición de los hechos, entre ellas el desarrollo de proyectos productivos, construcción de vivienda y la adecuación de vías.

De acuerdo con el Ministerio Público, “de 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria, entidad ejecutora de los subsidios de vivienda rural, presenta un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento del 93 %”.

Por eso, el ente de control disciplinario requirió a la presidenta (e) de Fiduagraria, María Cristina Zamora Castillo, para que aporte el avance del contrato suscrito con el Ministerio para la ejecución de las órdenes de los jueces de restitución sobre temas de vivienda rural.

Así mismo fue requerida la información correspondiente a las demás entidades encargadas de la entrega de vivienda a las víctimas del conflicto que han sido restituidas por jueces de la República, en la que también deberá responder el presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Mejía, entidad encargada de los subsidios antes de 2018.

Subsidios mal ejecutados

De acuerdo con un reciente informe de la Fundación Forjando Futuros, en Urabá el 60 % de los predios restituidos siguen sin vivienda pese a que las sentencias que ampararon sus derechos la incluían, y el 77 % de las construidas están en riesgo estructural. A quienes les han entregado la solución, la entrega de su vivienda les tardó 37 meses en promedio.

EL COLOMBIANO conoció una serie de quejas que han sido interpuestas por campesinos de esa región solicitando a las entidades de control investigar las irregularidades en las obras y requiriendo una interventoría independiente y técnica para investigar posibles actos de corrupción.

“Es obligación de los entes de control verificar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la solución de vivienda y verificar que la inversión de los recursos se haya hecho de la manera apropiada”, dice una de las quejas.

¿Por qué el rezago?

María Fernanda Cepeda, directora de Bienes Públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que cuando llegó al gobierno el presidente Iván Duque, se encontró un rezago en la aplicación de 36.000 subsidios de viviendas nuevas y mejoramientos por realizar, de los cuales 1.093 correspondían a las órdenes de restitución de tierras.

“Recibimos muchos retrasos, porque hay mucha dificultades en la materialización del subsidio, predios sin acceso a agua, sobrecostos de transporte ya que quedan en zonas rurales dispersas y alto riesgo de siniestro”, detalló la directora.

Así las cosas, debieron trabajar en corregir la situación, por lo que inicialmente, según contó Cepeda, modificaron la normativa para hacer más atractivo para los constructores ir a entregar las soluciones de vivienda rural digna.

Inicialmente las viviendas debían ser construidas con el método tradicional, entonces fueron incluidos los métodos industriales para permitir un mejor margen para los constuctores contratistas, por ejemplo.

“En el presupuesto aprobado el año pasado priorizamos 14.438 millones de pesos para entregar 2.474 subsidios a víctimas del conflicto. Estamos buscando el cierre de esos subsidios”, explicó Cepeda y agregó que esperan terminar este año los diagnósticos y estructuración de 1.207 subsidios para realizar la entrega de las viviendas en el primer semestre del próximo año, “siempre y cuando las condiciones de pandemia nos lo permitan”.

Además, “este año esperamos entregar frente al proceso de restitución 428 viviendas, 269 de ellas son de órdenes judiciales anteriores a 2018”.

El Ministerio destina a estos subsidios entre 11 y 45 millones de pesos, dependiendo la vigencia en la que hayan sido ordenados.

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? El control disciplinario

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fiduagraria y el Banco Agrario deberán informar a la Procuraduría sobre las razones del rezago en el cumplimiento a los fallos de los jueces de restitución y el plan de trabajo definido para el cumplimiento de los mismos, y las razones que han motivado los incumplimientos. Frente a esas respuestas, el Ministerio Público podrá definir si vincula a los funcionarios responsables de esas entidades a algún proceso disciplinario por el desacato de las órdenes judiciales.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.


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