Que los electores colombianos tienen memoria de corto plazo, o que no les importa qué tan salpicado esté su candidado siempre y cuando “les colabore”, son dos verdades de a puño que se reafirmaron en las recientes elecciones legislativas.
Siete congresistas investigados por asuntos de corrupción recibieron la bendición del sufragio y estarán cuatro años más en lo alto del poder legislativo. Entre ellos hay tres que podrían ser llamados a juicio por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD, uno de los más graves en lo corrido del mandato de Gustavo Petro.
¿Quiénes son estos repitentes bajo investigación?
Wadith Manzur
El congresista conservador Wadith Manzur, investigado por la Corte Suprema en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado con 125.000 votos.
Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
La Corte analiza chats extraídos de celulares de otros implicados, que sugerirían intentos de comprar votos de miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Manzur ha sido mencionado por los cerebros del entramado, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los parlamentarios que presuntamente se habrían beneficiado de la corrupción.
Él ha rechazado las acusaciones y sostiene que los señalamientos en su contra buscan “generar caos para beneficiarse”. Según él, el exdirector de la entidad “le miente al país”.
En un video la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) celebró su elección para los próximos cuatro años, pese a estar inmersa también en el expediente de la UNGRD.
En la audiencia de imputación contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, se dejó al descubierto su presunta participación en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno.
Según la Fiscalía, el esquema habría incluido cuatro proyectos radicados ante el Invías por más de $571.000 millones y otros cinco en la UNGRD por más de $40.000 millones.
Estas iniciativas habrían hecho parte de un sistema de “cupos indicativos” para congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates.
Peralta habría pedido orientar contratos hacia distintos congresistas de la coalición de Gobierno que exigían mayor participación, según estableció la Fiscalía.
Pese al señalamiento, la senadora obtuvo 59.633 votos. “¡Ganamos! A pesar de los intentos por silenciar el voto indígena, de que en muchos lugares no entregaron el tarjetón de nuestra circunscripción, a pesar de las calumnias, mentiras y ataques, el pueblo habló en las urnas”, afirmó.
La representante a la Cámara es la tercera involucrada en los expedientes de la UNGRD, quien repetirá curul por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (5.640 votos).
Olmedo López y la testigo María Benavides mencionaron a la araucana en sus declaraciones, incluso aportando chats de WhatsApp, porque presuntamente era muy insistente para que le repartieran los contratos, en particular uno en el municipio de Saravena; una operación para la cual, supuestamente, habría que desviar recursos.
Manrique está a la espera de que la Corta decida si la llama a juicio.
El 6 de marzo, solo dos días antes de las elecciones, la Corte Suprema citó a David Racero, representante del Pacto Histórico, a una indagatoria para responder por el presunto delito de concusión.
El proceso busca esclarecer si habría utilizado de manera irregular a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con un negocio particular (mercado de frutas), así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de un porcentaje del salario a sus cuentas.
Los empleados del mercado estarían bajo condiciones laborales precarias e injustas, según audios reservados en los que Racero habló del tema.
Wilmer Carrillo, del partido de La U, enfrenta líos por presunto tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Las investigaciones se remontan a 2016. Según la premisa del caso, el congresista se habría acercado al entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, para influenciar uno de los puestos que necesitaba el municipio de Ábrego: la directora del hospital regional.
Según el expediente, tras lograr el nombramiento, Carrillo habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos hacia la Gobernación y, presuntamente, recibido dinero por ello. La Corte determinó que hay evidencias para que Carrillo sea llevado a juicio; no obstante, esta decisión aún puede ser apelada por las partes.
Didier Lobo, congresista de Cambio Radical, también está sobre los escritorios de la Corte Suprema. Su caso se remonta al periodo 2011-2014, cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, y se registró un supuesto incremento patrimonial injustificado de él y su núcleo familiar.
El proceso se abrió en 2024, cuando llegó la denuncia. El alto tribunal indaga si el excedente provino de ingresos relacionados con actividades ilícitas. Entre las diligencias se han detectado consignaciones en efectivo hechas por terceros cuya identidad aún no ha sido establecida. Lobo niega todo “rotundamente”, pero el proceso sigue abierto.
El senador del Pacto Histórico es objeto de una investigación en la Corte por presunto lavado de activos y concusión. Las indagaciones se centran en la financiación de la campaña con la que obtuvo su curul en 2022); los investigadores buscan establecer si el entonces concejal de Medellín (2021) habría pedido aportes económicos a personas vinculadas con contratos del municipio para respaldar su aspiración.
La Corte examina otras posibles inconsistencias relacionadas con la forma en que se obtuvieron recursos durante ese proceso electoral.
En paralelo ha estado involucrado en otros episodios controversiales. La Corte abrió una investigación por presunta violencia intrafamiliar: aunque su expareja Johanna Peláez difundió un video en el que rechazó haber sido víctima de agresiones, otros involucrados aseguran que tienen pruebas.
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