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La Liga de Rodolfo busca que los militares y policías puedan votar
El proyecto quiere crear curules
para que los uniformados puedan elegir y ser elegidos.
¿Se politiza la Fuerza Pública?
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Los militares y policías dejaron de votar en 1932 para evitar la politización de la Fuerza Pública. FOTO Juan Antonio Sánchez
12 de agosto de 2022
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A la Cámara de Representantes llegó un proyecto de acto legislativo que busca que los militares y policías puedan votar. Más allá de la participación política, la iniciativa persigue el objetivo de que se creen curules especiales para que los uniformados puedan elegir y ser elegidos estando en servicio.
La idea salió de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento con el que Rodolfo Hernández intentó llegar a la Presidencia, y su objetivo es que las 450.000 personas activas en la Fuerza Pública recuperen la potestad que les fue retirada hace 90 años en medio de las tensiones entre liberales y conservadores.
La proposición pretende modificar el artículo 219 de la Constitución para que los uniformados puedan votar, mas no manifestar públicamente sus inclinaciones políticas, y mucho menos participar en debates abiertos en plena época de elecciones. En términos castizos: podrían sufragar, pero no deliberar.
¿Politización?
El debate sobre el derecho al voto entre quienes integran las Fuerzas Armadas y la Policía es un vieja discusión que se reactiva cada tanto en temporadas de elecciones y con la renovación del Congreso.
Los uniformados dejaron de sufragar en 1932 cuando el gobierno de Enrique Olaya Herrera buscó despolitizar las fuerzas para tener efectivos solo al servicio del Estado, no de una causa política. Esa línea fue trazada por la Ley 72 de 1930 detalló que la Fuerza Armada no es deliberante.
En palabras más sencillas, terminó quitándole a los integrantes de los cuerpos armados la posibilidad de participar políticamente mientras estén en servicio activo, una potestad que recuperan cuando salen de los cuarteles para hacer su vida civil.
La Fuerza Pública en Colombia es apolítica y apartidista, lo que significa que en el papel no tiene intereses políticos y tampoco está alineada a una colectividad.
Sin embargo, el trato que se da a los hombres y mujeres que tienen en sus manos las armas del Estado cambia según el país que se mire. En Estado Unidos estos son considerados como ciudadanos con uniforme y pueden votar, pero no deliberar.
Lo mismo sucede en otros del continente como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Otras naciones de la región entraron a un extremo de politización de la Fuerza Pública, como Cuba, México y Venezuela, pues permiten que los efectivos voten y participen en el debate público electoral.
Al país el tema volvió a la agenda legislativa por iniciativa del representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, quien estuvo en servicio durante nueve años como piloto de helicóptero. “A todo mundo le da miedo que politicen las fuerzas, pero todos tenemos derecho. ¿Tienen más derecho los que están presos porque ellos sí pueden votar y los militares no?”, cuestiona Cortés.
Votar en un país en conflicto
La discusión sobre el voto de los uniformados toca fibras por el rol de las fuerzas en la seguridad ciudadana y rural, ya que Colombia sigue en medio de un conflicto armado a pesar de la firma de la paz con las Farc y la reactivación del diálogo con la guerrilla del ELN en Cuba.
Los más apegados a las tradiciones creen que “si se decide que los militares voten, vamos a estar en serios problemas”. Así lo afirma John Marulanda desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), quien es tajante al afirmar que lo correcto es que no se permita que las fuerzas participen porque, de darles la licencia de hacerlo, se les estaría involucrando en la actividad partidista.
En la discusión que se reabre con el nuevo Congreso el proyecto del representante Cortés considera que los militares y policías, como servidores públicos, deben tener el mismo trato de los empleados del Estado que no portan uniforme. Es decir, los contratistas no tienen restricciones para ejercer sus derechos civiles.
La iniciativa ya consiguió la firma de 22 congresistas y buscará un espacio en la ya apretada agenda legislativa del gobierno. De conseguirlo, necesitará de ocho debates para dar un giro a una política de casi un siglo
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