Ala presidenta del Colegio de Enfermeras de Zulia, Hania Salazar, el régimen que gobierna Venezuela le abrió un proceso judicial por organizar una protesta en redes sociales para denunciar las malas condiciones en las que trabaja el personal que atiende la pandemia. Su manifestación fue pacífica. Tomó fotografías del equipo médico con carteles que pedían mejor infraestructura y las difundió, pero ahora es señalada de conspirar con un paro.
Sucede así: ante la falta de transporte público, a los hospitales los enfermeros llegan caminando. Aunque haya afortunados con carro, la escasez de gasolina hace que no puedan usarlo para movilizarse. Cuando arriban hay una ponchera que hace las veces de lavamos. Tampoco hay llave, sino que ese recipiente tiene el agua con el que tendrán que cumplir esa norma básica de prevención del covid: asear sus manos.
Salvar vidas es difícil cuando hay habitaciones que carecen de los suministros necesarios, como un cilindro de oxígeno, y ni a ellos ni a sus pacientes les dan alimentación fija. A veces, la ración del día es un plato de pasta o de arroz. “En Venezuela no hay condiciones dignas de trabajo para el personal de salud”, sentencia Salazar, en diálogo con EL COLOMBIANO.
Desde Zulia, la presidenta relata que podría terminar presa por “reclamar mejores condiciones de trabajo: alimentación, buen clima, agua potable y servicio de acueducto. Que contraten personal para que haga el aseo porque hay hospitales que no tienen quien barra y trapee. Esa es la solución para que podamos brindar un mejor servicio”. El caso de la enfermera Hania demuestra dos realidades del país: quienes denuncian irregularidades son amenazados y el sistema de salud colapsó y no tiene cómo brindar condiciones de bioseguridad.
El sueldo de un profesional de Enfermería en Venezuela es de 5 dólares. Por la sobrecarga de trabajo, el régimen les ofreció una bonificación de 5 millones de bolívares, pero ese monto no suma ni 16 dólares. Con el sueldo y el abono, ni siquiera alcanza para mercar en una economía que está dolarizada. Y su trabajo depende netamente del régimen, porque este administra los hospitales.
La salud está en la UCI
Para 2018, el censo de la Federación Médica Venezolana indicaba que el país contaba con 300 hospitales públicos y 44.000 camas. No está claro cuántos médicos y enfermeras hay, porque alrededor del 22 % han migrado por la emergencia humanitaria. Según el Colegio de Enfermeros, esa profesión representa el 50 % del personal de salud y en la actualidad las tareas de cuatro personas las hace una y trabajan hasta 24 horas en una sola jornada.
En medio del covid, el Ministerio del Poder Popular para la Salud no entrega cifras discriminadas de contagios en el equipo médico. Sin embargo, la oposición hace sus cuentas. El diputado y médico José Manuel Olivares dice que 86 colaboradores han fallecido por el coronavirus, “por no tener equipos de protección”.
Al enfermero Víctor Prato lo despidieron con aplausos el 17 de agosto, en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, del municipio de Trujillo. Él no pudo darse cuenta. Su cuerpo sin vida salió enrollado en una bolsa negra, sobre una camilla que dos de sus compañeros arrastraban entre la calle de honor que hicieron otros empleados del lugar. Prato es uno de esos profesionales que murió por covid. Según Olivares, en Venezuela el personal de salud tiene 110 % más de probabilidad de fallecer por la enfermedad que en el resto de la región.
En julio, el Hospital José Ignacio Baldó, de Caracas, fue designado como un centro especial para el virus, pero en ese momento solo había un traje de bioseguridad de polipropileno para los enfermeros que tienen que atender a los pacientes sospechosos de estar contagiados. Ante la escasez, los suministros llegan desde Rusia, y Venezuela se alista para hacer pruebas de Sputnik V, la vacuna que Moscú está fabricando contra el coronavirus.
Tampoco hay garantías para los pacientes. Dice el diputado Olivares que el sistema de diagnóstico solo funciona al 21 %. Además, los reportes de casos se resumen a los trinos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a comunicados de la cartera de Salud que solo indican el número de contagios, decesos y cuántos de esos eran importados, pues Maduro señala a los migrantes de ser “armas biológicas” que llevaron el virus al país.
Aunque el panorama es adverso, el personal médico de Venezuela está comprometido con dar lo mejor a sus usuarios. Por eso, la enfermera Hania no se ha detenido, tampoco el hospital de Trujillo ni siquiera con las dolorosas despedidas de sus trabajadores. Y menos los detiene el miedo porque aunque se contagien, como el infectólogo Julio Castro, siguen firmes, porque “también rezo, soy hombre de fe”. Y ese es el motor de ellos: la confianza de que, en algún momento, todo podrá mejorar.
