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¿Habrá garantías para el derecho a la verdad?

Entre los retos que tiene el próximo presidente es lograr verdades históricas y responsabilidades judiciales.

  • Casos como el de los falsos positivos aún están pendientes de su esclarecimiento. En la fotografía, Fair Leonardo Porras, uno de los ejemplos más relevantes de Soacha. FOTO donaldo zuluaga
    Casos como el de los falsos positivos aún están pendientes de su esclarecimiento. En la fotografía, Fair Leonardo Porras, uno de los ejemplos más relevantes de Soacha. FOTO donaldo zuluaga
04 de mayo de 2018
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Este 2018 inició con la posesión de 31 de los 38 magistrados que hacen parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del director de la Unidad de Investigación y Acusación, los cuales llevarán a cabo las investigaciones para determinar los principales responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, teniendo como su prioridad los asuntos de violencia de género.

De la misma manera, ya están seleccionados los 11 integrantes de la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, cuya responsabilidad será establecer una verdad - no vinculante desde lo judicial - sobre algunos de los hechos más graves ocurridos en la guerra en el país. ¿Cómo va a asumir el próximo presidente de Colombia el desafío de lograr que todos los colombianos tengamos acceso a la información que se elabore en la JEP y en la Comisión de la Verdad y así no repetir los errores del pasado? ¿Por qué es tan importante todo ello?

Sobre acceso a información

El Proyecto Antonio Nariño (PAN) publicó el año pasado un documento titulado “Los retos para el acceso a la información en la implementación del Acuerdo final entre el gobierno y las Farc ”, el cual llamaba la atención sobre la falta de transparencia en el pasado proceso de justicia transicional de Justicia y Paz.

Según el PAN, hasta el 26 de diciembre de 2016 habían rendido versión libre 7.531 postulados y se habían proferido 49 sentencias. De acuerdo con la Fiscalía, hay 76.981 registros técnicos de las versiones libres.

Hay que recordar que estos archivos técnicos son de crucial importancia, pues contienen el registro completo y seguro de las diligencias realizadas a los ex-combatientes para efectos de la construcción de la memoria histórica, esclarecer la verdad sobre lo sucedido, la conservación de lo actuado, y su posterior difusión a toda la sociedad colombiana.

El problema en términos de acceso a la información y garantías al derecho a la verdad radicó en que, de acuerdo con la norma (Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz), a estos registros técnicos solo pueden acceder los directamente involucrados en los hechos.

En otras palabras, todos los archivos de video de las audiencias, los documentos elaborados y los datos recopilados están durmiendo “el sueño de los justos” en los anaqueles de los despachos, y toda esta información, tan necesaria para conocer la verdad de los hechos de la guerra, proveer justicia y construir memoria histórica es hoy por hoy, como asevera el PAN, “comida de polillas”.

Pero uno de los principales problemas es que no se sabe ni dónde ni como está guardada esta información, lo cual permite predecir que estos archivos puedan perderse o dañarse a futuro.

Así, lamentablemente, el antecedente de Justicia y Paz genera preguntas sobre los riesgos de la falta de transparencia en la implementación del Acuerdo final con las Farc y, sobre todo, crea profundas dudas sobre cómo el próximo presidente de la República va lograr garantizar que los resultados que alcancen la JEP y la Comisión de la Verdad sean de dominio público.

¿Se repetirán, entonces, los errores del pasado? ¿Cómo el próximo presidente de Colombia va a garantizar el acceso a esta información y asegurar el derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido en más de 50 años de guerra?

En este contexto, el próximo presidente tendrá que afrontar varios retos. El primero es el de lograr establecer verdades históricas y responsabilidades judiciales en una esfera pública tan altamente polarizada como la que vive Colombia. En otras palabras, cómo lograr construir verdad y proporcionar justicia en medio de la polarización, sin permitir que el acceso a la información se convierta en un “botín de guerra” para alguno de los bandos políticos hoy en pugna.

El segundo reto tiene que ver con cómo garantizar que todos los procesos y audiencias que lleven a cabo, tanto la JEP como la Comisión de la Verdad, sean de conocimiento público, y que dicha divulgación de información sea proactiva por parte de la presidencia de la República. El tercer reto será el de cómo lograr que, en medio de la polarización que deje las elecciones, se pueda lograr consolidar un cubrimiento informativo por parte de los medios de comunicación que esté a la altura de las circunstancias históricas que estamos atravesando.

*Doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales (The University of Huddersfield (Reino Unido)). Coordinador de la Especialización en Comunicación Política de la Universidad Eafit.

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