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Cesantías en Colombia: una prestación que resiste y se transforma

Desde su creación a mediados del siglo XX, las cesantías en Colombia se han consolidado como uno de los instrumentos más sólidos de protección laboral. Más allá de ser un simple ahorro, representan un respaldo económico fundamental ante el desempleo y una herramienta para la construcción de patrimonio.

  • Collage: Carol Jaramillo - Imágenes Archivo El Colombiano y Depositphotos
    Collage: Carol Jaramillo - Imágenes Archivo El Colombiano y Depositphotos
hace 4 horas
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En los últimos años se han presentado distintas propuestas para modificar la legislación con el fin de ampliar los usos o redefinir el alcance de las cesantías, sin embargo, hasta la fecha esta prestación conserva su esencia como respaldo económico frente al desempleo o como herramienta para la construcción de futuro.

Prueba de ello son el Proyecto de Ley 618 de 2025, que busca modificar la Ley 50 de 1990, y las leyes 1071 y 1014 de 2006 que buscan permitir el retiro de hasta el 50 % de las cesantías para la inversión en proyectos de emprendimiento liderados por mujeres, una iniciativa que aún se encuentra en cuarto debate en el Congreso.

Lo que sí introdujo la reforma laboral de 2025 fue un cambio en el pago de los intereses sobre las cesantías: un valor equivalente al 12 % anual del monto acumulado de las cesantías, que tradicionalmente se le entregaba directamente al trabajador cada año, antes del 31 de enero. A partir de este año, empleadores y empleados pueden pactar el pago mensual, en lugar de un solo pago en el año, lo que no implica un cambio en su esencia.

Hay quienes consideran que ampliar excesivamente los usos de esta prestación puede desdibujar su función principal. “Las cesantías no son un ingreso adicional ni una cuenta de libre disposición. Son un respaldo clave frente al desempleo y deben protegerse como tal”, advierte Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Ángela Maya, líder de negocio de Ahorro y Retiro de Protección coincide en que el equilibrio es fundamental: “Permitir usos como vivienda y educación ha sido positivo porque fortalece el proyecto de vida del trabajador. Pero perder de vista el desempleo como su razón de ser sería un riesgo para la estabilidad económica de las familias”.

A diferencia de otros países, donde la protección frente al desempleo se basa principalmente en subsidios estatales periódicos, el modelo colombiano combina ahorro obligatorio, usos regulados y administración especializada. Es por eso que, tras casi 80 años, esta prestación sigue firme frente a los cambios políticos y las presiones coyunturales.

Protección desde su origen

Las cesantías en Colombia nacieron en 1945, cuando la Ley 6 instituyó este auxilio como un derecho laboral. En ese periodo también surgió el Instituto de Seguros Sociales y la cobertura empezó a extenderse de forma progresiva, pero solo en 1950, con el Código Sustantivo del Trabajo, esta prestación quedó plenamente consolidada.

Con el tiempo, este auxilio dejó de ser visto únicamente como una compensación al final del vínculo laboral y comenzó a consolidarse como un mecanismo de ahorro. La evolución normativa no solo respondió a cambios en el mercado laboral, sino a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

1945
Nacieron las cesantías como un auxilio de desempleo reconocido por el empleador.

Construir patrimonio

Un hito clave se produjo en 1975, cuando la Ley 52 obligó a los empleadores a reconocer un interés legal del 12 % anual sobre el valor acumulado de las cesantías. Con esta decisión se logró que estos recursos no fueran una simple obligación contable, sino un patrimonio del trabajador que debía conservar y aumentar su valor en el tiempo.

Para Ángela Maya este cambio marcó un antes y un después: “Las cesantías empezaron a afianzarse como un ahorro real del trabajador, no solo como un auxilio eventual. Ese reconocimiento permitió que las personas entendieran que su trabajo también podía convertirse en un activo para el futuro”, explica.

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La revolución de los fondos

El cambio más profundo llegó en 1990 con la expedición de la Ley 50 que obliga a consignar anualmente las cesantías en fondos especializados, lo que rompió con el hábito de que el empleador retuviera el dinero hasta la terminación del contrato.

El nuevo modelo trajo mayor transparencia, seguridad y rentabilidad. Los recursos comenzaron a invertirse, a generar rendimientos y a estar disponibles para los trabajadores en los eventos autorizados por la ley, como vivienda, educación o desempleo.

Andrés Velasco subraya que “el sistema de fondos permitió profesionalizar la administración de las cesantías y garantizar que ese ahorro estuviera realmente protegido. Hoy es uno de los principales mecanismos de ahorro de los trabajadores formales en Colombia”.

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