El presidente Álvaro Uribe aseguró que el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos es "de la mayor conveniencia para el país" porque ayudará en "la lucha contra el terrorismo".
El Mandatario no quiso entrar en detalles frente a la controversia generada luego de la audiencia pública realizada el miércoles, en la que los ministros del Interior, Fabio Valencia; Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; y de Defensa (e), general Freddy Padilla, explicaron los términos del preacuerdo que permitiría a E.U. utilizar las bases aéreas de Malambo (Atlántico); Apiay (Meta) y Palanquero (Cundinamarca).
Los anuncios no solo fueron cuestionados por algunos congresistas (ver nota anexa), sino por el presidente del Consejo de Estado, Rafael Osteau, quien señaló que ese tribunal debió ser consultado, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución.
El artículo señala que "en casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o de tránsito de buques o de aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado".
La crítica fue atendida por el Ejecutivo. En la tarde de ayer, los tres ministros acudieron al tribunal para reunirse con los magistrados.
Al término de la reunión, la Cancillería emitió un comunicado en el que afirma que "el Gobierno considera que, en desarrollo de lo establecido en el artículo 237, oirá previamente al Consejo de Estado en el momento constitucionalmente oportuno, en relación con el acuerdo simplificado que viene siendo discutido con Estados Unidos".
Sin cambios significativos
Según lo anunciado por los ministros, el preacuerdo entre Colombia y E.U. contempla que 800 militares estadounidenses y 600 contratistas podrán permanecer en el país para colaborar en labores logísticas, de capacitación y de inteligencia.
Estas acciones, explicó Fabio Valencia, se fundamentan en acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes y no implican modificaciones. De ahí, agregó, que la Corte Suprema de Justicia señala en una sentencia que no es necesario el trámite ante el Congreso (ver nota anexa).
Esta apreciación no es compartida por dos ex presidentes de la Corte Constitucional. José Gregorio Hernández y Alfredo Beltrán creen que la Constitución es clara tanto en el papel que juega el Congreso como el Consejo de Estado .
"Un tratado de la índole como el que se está hablando, puede afectar además de circunstancias internas, relaciones con naciones vecinas. Por eso es que este tipo de decisiones deben ser consultadas con otros poderes", explicó Beltrán.
Sensibilidad política
Para un experto en Derecho Internacional y ex funcionario de la Cancillería, que pidió la reserva de su nombre, buena parte de la polémica tiene origen en el momento político del país. "Está pendiente la aprobación de un referendo y sea cual sea el resultado generará reacciones. También está en camino la campaña presidencial y este es un tema sensible", explicó. Sin embargo, cree que un mejor manejo político con el Congreso habría evitado reacciones adversas.
Otro punto sensible, según analistas, son los términos bajo los cuales se firme el acuerdo tanto en lo referente al objeto de la presencia del personal extranjero como en el control que tendrían, con el fin de evitar desmanes o actividades ilegales.
El ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, consideró que no es novedad que militares estadounidenses operen en territorio nacional, pues ya hay un número importante en bases del país en virtud del Plan Colombia.
"Hay que analizar qué es lo que estamos recibiendo en contraprestación, cuáles son los términos de libertades qué van a tener los militares y cómo se manejará la presencia de equipos norteamericanos", afirmó Nieto.
En la audiencia, Valencia advirtió que el tema de las inmunidades es el más complicado porque E.U. exige que sus nacionales sean juzgados en su país, pero se estudia la posibilidad de que Colombia intervenga en las investigaciones y procesos que se generen.
El ex magistrado Beltrán insistió en que las inmunidades sólo están consagradas para los jefes de Estado, para la misión diplomática y no para otras personas.
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