El Presidente Álvaro Uribe dijo la semana pasada: "Un Congreso investigado que no legisla, no puede decirle a la gente que no pida cerrarlo". Por fortuna la mayoría de los parlamentarios hizo eco de esta reflexión del Presidente, quien, junto con su ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, los convenció para votar la reforma política, no obstante la reacia actitud de la oposición.
Uno de los escollos más difíciles, alegado por cuarenta y cinco senadores, y superado con éxito por el Ministro, fue el de los impedimentos personales para participar en la votación de la reforma.
El ministro Valencia les recordó las contundentes sentencias de la Corte Constitucional que señalan que al discutirse actos legislativos que contemplen normas generales, no proceden los citados impedimentos. Lo contrario llevaría a inhabilitar a todo el Congreso.
Así lo entendió casi el 90 por ciento de la bancada de gobierno que logró imponerse y salvar uno de los proyectos más importantes no sólo para el Ejecutivo sino para la democracia colombiana.
Con las normas adoptadas se permitirá, en buena medida, depurar la política y blindarla contra la corrupción, el narcotráfico y la injerencia de los grupos armados al margen de la ley.
Este puede ser el comienzo de una real purificación de las costumbres políticas, dada la instauración de una responsabilidad directa a los partidos y movimientos.
Con esta reforma se observa un avance notable, ya que se pasa de la responsabilidad individual a la colectiva, al crearse sanciones que van desde multas y devolución de recursos por reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica del grupo político.
Así mismo celebramos que en un futuro no haya suplencias, salvo por faltas absolutas: muerte, incapacidad para el ejercicio del cargo por accidente o enfermedad, o renuncia justificada. Lo que significa que las investigaciones o detenciones a congresistas, ya no serán consideradas faltas absolutas.
Sin embargo, la reglamentación de la silla vacía se ha quedado corta en esta primera vuelta. Estamos de acuerdo con que los partidos sean condenados y pierdan definitivamente su curul, y con que los parlamentarios no puedan ser reemplazados. Pero nos parece inconveniente que estas medidas sólo se apliquen a quienes sean vinculados a investigaciones a partir de junio de 2009.
¿Qué pasará con los partidos que dieron su aval a algunos de sus miembros que están siendo procesados antes de junio de 2009? ¿Continuará el carrusel? ¿Y la impunidad para los partidos?
Tema trascendental que debe ser objeto de mayor análisis en la segunda vuelta, en una discusión que permita llegar a un acuerdo entre las distintas bancadas para erradicar de la política colombiana la infiltración de las guerrillas, el paramilitarismo y las mafias.
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