En una decisión sin precedentes, por reiterados incumplimientos, la administración municipal declaró la caducidad del contrato a la firma Alfaba S.A., que formaba parte del programa de restaurantes escolares que atiende a 382.000 niños.
La empresa tenía a su cargo la provisión de alimentos a 28.000 niños de 86 instituciones educativas de las comunas 1, 2, 3, 8, 10 y 90 (Santa Elena), consistente en almuerzo y desayuno-víveres (para que sus mamás lo procesaran).
"Ya no tienen nada qué ver con nosotros, vamos a implementar un Plan B para esos colegios", sostuvo la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez, al precisar que los recursos de reposición que interpuso la empresa no fueron satisfactorios.
Como la decisión coincide con las vacaciones escolares, la funcionaria notificó que la nueva licitación se adjudicará entre el 28 y el 29 de este mes.
De ahí que entre el regreso de los estudiantes y la entrada del nuevo operador, unos ocho días hábiles "se va a garantizar a los niños un desayuno preparado".
Otra de las implicaciones es que en el pliego se consignó que quien gane la licitación debe darle continuidad a las madres procesadoras que estaban vinculadas a Alfaba (Alimentación Familiar Balanceada).
La Secretaria de Bienestar Social reconoció que a partir del control político que ejerció el Concejo de Medellín, en cabeza del corporado Bernardo Alejandro Guerra, la administración investigó y "nos fuimos hasta las últimas consecuencias".
Y tanto que se llegó hasta la caducidad, decisión que es difícil de tomar en el sector público por los graves efectos jurídicos que conlleva para las empresas.
Frente a las razones de la caducidad, el subsecretario Jurídico, Víctor Monsalve, señaló que la empresa tuvo muchas dificultades, no sólo en la preparación de los alimentos, sino en la entrega de insumos (porque se hacían tarde o incompletas), o había productos vencidos que podían poner en riesgo la salud de los menores.
La interventoría que realizó la U. de A. -dijo- hizo constantes observaciones por incumplimientos, a lo que se sumaron dificultades en el pago a las madres procesadoras. "Pagaba a destiempo o menos o cambiaba los contratos de trabajo y nunca entregaba colillas de pago, siempre generó descontento".
De hecho -observó-, en el programa hay otros nueve contratistas y el único que tuvo problemas con las madres fue el de Alfaba, al punto que en varias oportunidades amenazaron con salir a paro y dejar los niños sin alimentos.
Aunque se buscó que se pusieran al día y se organizaran en la ejecución del contrato, afirmó que no fue posible y se tuvo que adelantar el procedimiento sancionatorio, respetuoso del debido proceso, hasta que culminó con la caducidad.
Una de las consecuencias es que Alfaba quedará inhabilitada por cinco años para contratar con otra entidad del Estado, y si tiene otros vigentes, deberá renunciar a ellos en el estado en el que estén.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, quien lideró los debates sobre el tema, consideró como "ejemplarizante" la decisión y subrayó que el ejercicio del control político con argumentos y una administración que sea receptiva, produce efectos positivos.
Llamó la atención que las mismas personas de Alfaba se van a presentar a la nueva licitación, por 6.000 millones de pesos, con los nombres de Internacional de Negocios, Surcolombiana y Cooprosperar.
¿Y si se camuflan? El subsecretario dijo que la decisión se notifica al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia de Salud para que adelanten sus investigaciones, además de reportar la sanción a la Cámara de Comercio.
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