El proyecto de las Autopistas de la Prosperidad obedece a una clara necesidad del país, pero en él están cifradas grandes expectativas de Antioquia, para recuperar el rezago vial que padece.
Que dos firmas que resultaron precalificadas para la ejecución de algunos de los tramos, tengan hoy que resolver diferencias con las autoridades panameñas, por las obras de ampliación del Canal de Panamá, no tiene por qué ser motivo de preocupación, pero sí de precaución para la adjudicación.
No puede suceder que unos proyectos, que han tomado dos años de estudios y han sufrido toda clase de trámites para estar ya a las puertas del horno, en cuanto a su adjudicación, puedan resultar chamuscados, corriendo riesgos innecesarios en el proceso licitatorio.
Se trata de las firmas Sacyr, precalificada en cinco tramos, e Impregilo, en dos más, como aptas para participar en los procesos de adjudicación que se iniciarán en mayo de este año para entregar las nueve concesiones de las autopistas.
Sacyr, que ya tiene antecedentes en Colombia como socia del consorcio Commsa al que se le adjudicó la concesión Tobía Grande-Puerto Salgar, obra que quedó inconclusa, resultó precalificada para las troncales al Magdalena y al Pacífico. Impregilo, que fue una de las firmas que participó en la construcción del Túnel Fernando Gómez Martínez, de la conexión vial a Occidente, está precalificada para la concesión Pacífico y la troncal del Norte.
Aunque ha sido un viejo anhelo que Antioquia tenga vías de doble calzada y buenas especificaciones para conectarse con el resto del país, de estas autopistas sólo se comenzó a hablar hace un poco más de cinco años y se identificaron como obras fundamentales para la competitividad del país en la medida en que permitirán ahorrar tiempo y costos en la comunicación con los puertos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que asumió el proyecto, hace algo más de dos años, ha estructurado un modelo que busca preservar al país, precisamente de incumplimientos, sobrecostos y dilaciones que se presentaban en el pasado con las obras públicas.
Dentro de este modelo, las autopistas forman parte de un paquete de 40 concesiones, por unos 50 millones de dólares, concebidas como de Cuarta Generación (4G), en el marco de los proyectos de asociación público-privada, con condiciones y obligaciones precisas que hacen que lo que antes era una carga penosa para el Estado, con graves costos y riesgos, se convierta hoy en compromisos concretos, con pólizas de cumplimiento, por parte de los concesionarios.
Por ello, pese a que nunca puede hablarse de que un contrato, cualquiera que sea su índole, esté por completo blindado jurídicamente, porque siempre habrá alguna interpretación creativa que lo permee, existen garantías para pensar que habrá transparencia y seguridad, no solo en las adjudicaciones que se hagan, sino en los procesos que se inicien a partir de ellas para la cabal ejecución de las autopistas.
Adicional a las normas de juego claras y de obligatorio cumplimiento es importante que se revisen los antecedentes, tanto en el exterior como en el país, de todas las firmas interesadas en participar.
Es muy desafortunado lo que está ocurriendo en Panamá, cuyas obras de ampliación del canal podrían sufrir un grave retraso de persistir las diferencias con las firmas antes citadas, pero Colombia ya ha vivido este tipo de experiencias con proyectos realizados por firmas españolas, concretamente Sacyr, y no queremos que se vuelvan a repetir. Por eso la necesidad de prender alarmas sobre este caso.
SIEMPRE HEMOS PRESUMIDO DE LA BUENA FE DE LAS FIRMAS EXTRANJERAS
Por JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)
Se nos había afirmado por parte de algunos que sólo con empresas extranjeras preservábamos a la contratación nacional de líos y problemas, y estos hechos demuestran lo contrario.
Para algunos, en efecto, extranjero era sinónimo de buenas prácticas, buen gobierno, cumplimiento, etc. Claro, hay problemas que se han ido incubando tanto en empresas locales como extranjeras. Pero no es exclusivo en la contratación de obras civiles. Sucede desafortunadamente en toda clase de empresas en el mundo entero.
Sin prejuzgar en torno a si la razón asiste o no a las empresas extranjeras que amenazan con suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si no hay un reajuste contractual en el proyecto, no cabe duda que tal anuncio prende las alarmas en torno al papel de las empresas europeas que trabajan, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, en cuanto han venido muchas ellas a nuestros países a hacer “la nueva conquista de América”, tras padecer el desierto que les ha generado la crisis europea.
Siempre hemos presumido de la buena fe de las empresas extranjeras, más aún en razón de que no somos xenófobos y trabajamos exitosamente con varias de ellas, algunas incluso afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
