El proceso de diálogo que busca una salida a la larga crisis política en Bolivia será cerrado mañana con una esperada reunión entre los prefectos (gobernadores) opositores y el presidente indígena Evo Morales.
"El domingo es definitivo, yo voy a estar allá (en Cochabamba, sede del diálogo) y ojalá que los prefectos estén", dijo Morales.
El vocero de los líderes regionales rebeldes dijo, después de reunirse con observadores internacionales que acudirán el domingo a la cita con Evo Morales para definir si el diálogo entre ambas partes "tiene futuro o no".
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, portavoz de los líderes opositores regionales, hizo el anuncio luego de la reunión con observadores enviados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Unión Europea (UE).
En la reunión plenaria del domingo se espera que las partes firmen un acuerdo que negociaron niveles intermedios, pero que quedó en suspenso esta semana.
Las negociaciones se centran en el proyecto de constitución impulsado por Morales, que promueve la reelección presidencial, acaba con los latifundios (lo que afecta a grandes terratenientes de ese país) y los planes autonomistas que impulsan cuatro regiones lideradas por prefectos opositores.
La primera parte es rechazada por la oposición y el segundo por el gobierno.
Los prefectos opositores son Rubén Costas, de la región de Santa Cruz; Mario Cossío, de Tarija; Savina Cuéllar, de Chuquisaca y Ernesto Suárez, de Beni.
Detención de opositores
La detención de dos activistas opositores acusados de participar en el ataque dinamitero a un gasoducto, que obligó a disminuir por unas horas el suministro de gas a Brasil, motivó el retiro de los opositores de las conversaciones. Uno de los activistas es procesado por terrorismo y el jueves un juez ordenó su detención preventiva.
Los opositores alegan que el gobierno prometió no ejecutar "una persecución política" tras las protestas y cesar la campaña mediática en contra de los opositores, condiciones que permitieron abrir las negociaciones.
Pero el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que "no se pueden negociar las muertes ni los ataques terroristas".
Las negociaciones, a las que asisten también otros cuatro prefectos oficialistas y media docena de observadores internacionales, siguieron a casi un mes de protestas opositoras que dejaron una veintena de muertos, además de daños en el sistema de gasoductos y en otros bienes del Estado, avaluados por lo menos en 100 millones de dólares.
El Gobierno dijo que el diálogo permitió "grandes acuerdos" sobre el futuro régimen de autonomías, a cambio del aval de los prefectos rebeldes para la convocatoria a un referendo sobre la nueva Constitución de línea indigenista-socialista.
El viceministro de Descentralización, Fabián Kaksic, anunció que, con o sin un acuerdo final con los prefectos, el Gobierno incorporará el acuerdo sobre autonomías en la nueva carta magna.
"Hay acuerdos firmados en las comisiones mixtas del diálogo, ante los observadores internacionales, y simplemente vamos a acatar eso", dijo Yaksic.
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