Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias "César", y Alexánder Farfán Suárez, alias "Gafas", se acogieron a sentencia anticipada por los cargos de toma de rehenes y rebelión.
Esa diligencia, coordinada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, está relacionada con la investigación que se sigue por el secuestro de la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial, Clara Rojas, durante hechos ocurridos en febrero de 2002 en la vía que de La Montañita conduce a Paujil (Caquetá).
Aguilar Ramírez y Farfán Suárez fueron aprehendidos durante la Operación Jaque, que permitió, el 2 de julio pasado, la liberación de 15 secuestrados por las Farc.
Según el abogado penalista Fernando Arboleda, profesor en Ciencias Penales de la Universidad Externado de Colombia, la decisión de los dos guerrilleros para nada afecta el proceso de extradición al que están sujetos.
"El Presidente de la República, según el Código de Procedimiento Penal, tiene plenas facultades para decidir si concede la extradición, la condiciona o la suspende", explicó el penalista.
Esa determinación, agregó Arboleda, es tomada teniendo en cuenta las conveniencias del país y, por supuesto, los criterios políticos.
Y frente a la posibilidad de que la extradición de los dos subversivos se acelere justamente por haber aceptado estos cargos, el penalista señala que es una decisión que depende solo del primer mandatario.
El pasado lunes, la Procuraduría General le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que suspenda la extradición de alias "Cesar", pues contra el guerrillero pesan procesos por delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia y por consiguiente, debe responder primero ante la justicia nacional.
La última palabra la tiene el Gobierno.
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