Cae la noche sobre el pueblito de Guanayén, en el municipio de Urdaneta, el más alejado de la costa de todo el departamento de Aragua, en Venezuela.
Es sábado y Juan José Barrios regresa a casa tras dejar a su esposa en el ambulatorio. Se anda con cuidado, por millones de motivos. Pero no es suficiente.
Sin mediar palabra, sin tiempo para reaccionar, dos hombres vestidos de negro (según las crónicas periodísticas) le descerrajan varios tiros hasta acabar con su vida. Ajena a todo, su -sin saberlo- viuda vuelve al hogar y ante la ausencia del esposo pide ayuda a una de las familias más desdichadas del mundo. A la mañana del día siguiente, los hermanos de Juan José encuentran su cadáver junto a una poza de agua.
A sus 28 años, un 28 de mayo de 2011, Juan José se convirtió en el séptimo miembro de la familia Barrios ejecutado por agentes corruptos de la Policía de Aragua a pesar de que era beneficiario de protección según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas medidas que se extienden desde el 22 de junio de 2004 a toda la familia y a las que el régimen chavista -a tenor de los acontecimientos- ha hecho oídos sordos.
"La única explicación es la sobreprotección del Estado venezolano hacia los funcionarios que representan los cuerpos represivos y a los que se ha otorgado patente para cometer cualquier atropello, incluidas ejecuciones extrasumariales", denunció a raíz del último asesinato la Comisión de Justicia y Paz de Aragua.
Sólo habían pasado cuatro meses desde el último atentado. Entonces, Néstor Caudí Barrios recibió varios tiros también en Guanayén aunque logró salvar la vida. Su delito: ser el principal testigo de la ejecución extrajudicial de su primo Narciso.
El primer homicidio ocurrió hace 12 años. Desde entonces, la familia Barrios ha vivido un tormento que ha acabado en exterminio. Corría 1998. Benito Barrios tenía un bar al que acudían con frecuencia policías.
Nunca cancelaban sus cuentas de alcohol. Harto, un buen día Benito le echó coraje y exigió a los agentes que pagaran sus deudas. Al día siguiente, su cadáver ingresaba en la funeraria de la vecina Barbacoas, la cabeza del municipio. Su cuerpo tenía signos evidentes de tortura. En diciembre de 2003, varios agentes acabaron con los 22 años de Narciso Barrios. En 2004, cayó Luis Alberto; en 2005, Rigoberto, de tan sólo 15 años; Óscar, en 2009 y Wilmer, el año pasado.
La CIDH ha denunciado que el Estado venezolano no ha adoptado las medidas necesarias para proteger a lo que queda de esta familia, que continúa siendo víctima de asesinatos, detenciones, amenazas y hostigamiento. Venezuela, según la Corte, tampoco ha dispuesto una investigación sobre los crímenes, que permanecen en la impunidad en un Estado donde reina el rodillo chavista.
Las amenazas y la violencia han obligado a buena parte de los Barrios a mudarse, a vivir separados de sus seres queridos y a abandonar sus trabajos.
Mientras Chávez pierde el tiempo "twiteando" cualquier memez que se le pasa por la cabeza, los huérfanos, viudas y demás supervivientes de la cacería policial contra esta humilde familia ruegan al cielo para no ser los siguientes. No dirá está vez el oligarca bolivariano (eso es en lo que se ha convertido Chávez, en un jerarca bien nutrido) que no se ha enterado ni se le avisó: son muchos años de impunidad. Pare estas ejecuciones o la octava víctima caerá sobre su conciencia.
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