Con la aprobación por parte del Concejo de Medellín de la transformación de la naturaleza jurídica de Une para que sea una sociedad mixta por acciones, esta filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene la puerta abierta para absorber la operación de la multinacional sueca Millicom en el país, dueña de la mitad de Colombia Móvil-Tigo desde hace seis años. La otra mitad está repartida por partes iguales entre Une y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
La aprobación del Concejo del Acuerdo 106 implica tres cosas fundamentales no contempladas en el proyecto de acuerdo original presentado por el Municipio (dueño de EPM) desde el primero de marzo pasado.
En el eventual proceso de fusión con Millicom, queda claro que se mantendrá la razón social Une EPM Telecomunicaciones en la empresa resultante de la integración. Asimismo, el Grupo EPM deberá asegurar una mayoría accionaria en un porcentaje que deberá negociar con Millicom.
También se deberá pactar una prima de control que pague Millicom al asumir el manejo administrativo sobre la empresa, tal como se acordó en el memorando de entendimiento no vinculante, en febrero pasado.
La decisión del cabildo municipal también ratifica la solicitud del Municipio de que la empresa esté domiciliada en Medellín y se conservarán los derechos laborales de los actuales trabajadores de Une.
En esas condiciones, quedó abierto para la intención de EPM de sumar fuerzas y portafolios con Millicom de cara a buscar ser en poco tiempo el segundo operador de telecomunicaciones del país, tanto en servicios fijos y móviles.
De confirmarse las proyecciones realizadas por las firmas que valoraron la transacción, la empresa resultante de la fusión tendría unos ingresos anuales cercanos a los 1.800 millones de dólares y un ebitda (utilidad antes de impuestos, deuda y demás) de US$469 millones.
De otra parte, las cuentas de EPM con la integración es que se podrán aumentar las transferencias al Municipio, que además recibirá unos recursos extraordinarios por cuenta de la capitalización que haga Millicom en la empresa transformada para alcanzar la propiedad pactada.
“Estamos muy tranquilos, llevamos al Concejo una propuesta sensata y consecuente que busca proteger 58 años de patrimonio público de Empresas Públicas de Medellín”, comentó ayer su gerente, Juan Esteban Calle en el recinto del Concejo.
Concejo partido en dos
La decisión vista por el bloque de corporados que impulsaron la iniciativa, es coherente con la ley y regulación nacionales y para darle viabilidad a Une en un complejo mercado de telecomunicaciones.
“Las condiciones actuales imponen unas reglas de juego imposibles de cumplir para una empresa local desde lo público y obliga a buscar figuras para preservar el capital público”, comentó el presidente del Concejo, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, ponente del proyecto.
Otra cosa piensan el corporado Luis Bernardo Vélez Montoya, quien ha sido uno de los mayores opositores y acompaña la propuesta del colectivo social Medellín nos Une para convocar a una consulta popular y sea la ciudadanía quien decida qué hacer frente a Une: si fusionarla, o no, y si es con Millicom, o no.
“Sigo insistiendo que este proyecto de Acuerdo fue ilegal, irresponsable, inconveniente e indecente y no va a disminuir los temas de inequidad en la ciudad, ojalá me equivoque”, comenta Vélez al cuestionar la tesis de que al tener una empresa entre Une y Millicom se aseguren más excedentes para el Municipio e invertir en lo social.
El debate no termina
En ese contexto, llegar a este paso de Une, bueno para unos, malo para otros, no fue nada fácil hasta el último día en su trámite en el cabildo local. Por su recinto pasaron más de 200 personas con posturas a favor y en contra, se registraron movilizaciones sociales, hubo foros académicos y se contó con el concepto de expertos locales y nacionales.
Al tiempo arreció una fuerte oposición evidente no solo en cabildantes protagonistas de la decisión, sino desde sindicatos, exfuncionarios y el colectivo Medellín nos Une.
Incluso el Acuerdo ha dado pie para que con los recursos jurídicos interpuestos sean los tribunales y no los concejales quienes den la última palabra ante lo que consideran “una privatización del patrimonio público”, arengaron ayer más de 300 personas en las barras del Concejo y en la plazoleta de La Alpujarra.
Por ahora, ya hacen curso dos acciones de tutela y una acción de cumplimiento que esperan se archive el proyecto y alegan básicamente violaciones al debido proceso, faltas de consulta previa y garantías en el tramite del Acuerdo. También la bancada de La U afina sus próximas cartas jurídicas para reversar la decisión.
Entre tanto, este jueves será la clausura de sesiones ordinarias en un Concejo que hace muchos años no tenía una decisión tan compleja en sus manos desde la escisión, justamente, del negocio de telecomunicaciones del Grupo EPM, en 2006.
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