Al participar en la audiencia que adelanta el Consejo de Estado sobre la demanda de pérdida de investidura en contra de los 12 congresistas que conciliaron la reforma a la Justicia, la Procuraduría consideró que no hay pruebas para demostrar que los parlamentarios incurrieron en conflicto de intereses y tráfico de influencias.
El delegado del Ministerio Público indicó que ambos delitos hay que demostrarlos y no pueden basarse en una simple suposición.
"La Procuraduría considera que el cargo de conflicto de intereses no debe prosperar porque no está probado y frente al tráfico de influencias, no hay una sola prueba de que los miembros de la comisión hayan utilizado su investidura para dar dádivas. No se dan los requisitos, no es solo señalar el tráfico hay que probarlo a través de los medios que se exigen", dijo el procurador.
En cambio, para el demandante Saúl Villar Jiménez, los senadores y representantes legislaron en causa propia y no en favor de la ciudadanía, porque estaban blindando su accionar. "Estaban legislando en causa propia, buscando beneficios en la fallida reforma a la Justicia que, afortunadamente no salió a la vida pública".
En la audiencia, Jiménez criticó, además, que se buscara crear una doble instancia con el único propósito de favorecerse, sin pensar lo que verdaderamente necesitaba la sociedad.
La demanda de pérdida de investidura fue instaurada contra los representantes Alejandro Chacón, Germán Varón, Carlos Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia y Roosvelt Rodríguez y los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales n
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