El Consejo de Estado admitió una demanda contra el acto de elección del magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez.
Se trata de una demanda interpuesta por Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel Garzón, con el argumento de que durante dicha elección se violó el artículo 126 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los servidores públicos nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco o a personas vinculadas con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
Y es que para los demandantes, quienes participaron en la elección del magistrado desconocieron la prohibición de nombrar en un cargo público a quien ha intervenido en su elección, teniendo en cuenta que varios de los magistrados que eligieron a Ricaurte habían sido elegidos previamente por él o con su participación, pues éste era magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, los accionantes aclaran que la demanda es contra los actos administrativos de elección y no contra el propio magistrado Ricaurte.
“Si la Constitución prohíbe a un funcionario usar su poder de designación para nombrar a familiares de quien intervino en su propia elección, con mayor razón le está prohibido nombrar a la persona que directamente intervino en su designación”, argumentan los demandante.
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