No es claro a nombre de quién la dirigente política Piedad Córdoba pidió iniciar una Asamblea Nacional Constituyente como forma de refrendar el eventual éxito de los diálogos entre las Farc y el Gobierno.
¿A cuento de qué?
Sobre todo porque, después de perder su investidura, no es claro a quién representa la exsenadora inhabilitada por 18 años.
Es indiscutible que Piedad Córdoba sigue siendo una líder social pese ha no tener la posibilidad de ejercer cargos públicos, pero eso no la califica como la persona idónea para proponer un tema que tiene una afectación tan seria sobre el futuro del país y que puede generar tanta incertidumbre jurídica, social y política.
Una cosa es cierta: Colombia no necesita una nueva constituyente. No por ahora y no en estas condiciones. Y menos una que pareciera generar únicamente posiciones favorables para la guerrilla.
Piedad Córdoba, con su historial y las acusaciones que tiene en su contra, no debería proponer y defender una idea que, de nuevo, no favorece en nada al Estado, sino que termina dando elementos de poder y representatividad a la parte de la sociedad que hoy en día está por fuera de la ley.
Además porque no es necesario un acuerdo constituyente nuevo por una razón mucho más contundente e indiscutible: en la Carta de 1991 y el marco legal actual, el proceso de paz ya está contemplado y también está incluido el escenario del posconflicto.
Indiscutible.
Ahora bien, es claro que se necesita trabajo en el escenario de un exitoso acuerdo de paz y también en los acuerdos del postconflicto. Serán necesarios cambios en normas e instituciones para ajustarlas a la nueva realidad de la paz. Ojalá así sea.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y modificar o mejorar el marco existente es muy distinto a hacer uno nuevo o desconocer el capital constitucional que rige a los ciudadanos.
Sin duda hay interesados en esto y los sectores más extremos pueden sacar mucho beneficio de una constituyente así. Pero la sociedad no tiene que ajustarse a esto o sentar su voz por medio del voto sobre unos elementos manipulados por los grupos más extremistas. No.
La guerrilla quiere imponer por una constituyente lo que nunca ha logrado por las armas: representar a la gente. Y eso es inconcebible.
Las Farc, sus armas y su violencia, se representan únicamente a sí mismas, y por consiguiente su negociación con el gobierno sobre el escenario de la paz debe abarcar sus intereses particulares. Nada más ni nada menos.
Para los intereses de la sociedad existen otros elementos democráticos ya en funcionamiento que hacen que sean los tres poderes los que representen a los Colombianos.
Ninguna constitución les dará a los guerrilleros aquello que no van a conseguir con el voto popular. Si quieren un número de puestos en el Congreso o incluso en otros cargos de elección popular, es un reto el que tienen de ganárselos en las urnas con su discurso que nadie compra. Pero lo que no puede pasar es que esto se imponga a la fuerza con una Constitución que el país no necesita.
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