Unas diez investigaciones en contra de la contralora general de la Nación, Sandra Morelli Rico adelanta la Fiscalía General de la Nación al atender las denuncias que han radicado en su contra la Asociación Sindical de Trabajadores del organismo de control.
El ente acusador confirmó que entre las investigaciones figuran algunas relacionadas con supuestas nóminas paralelas, anomalías en la contratación y prevaricato y también se adelantas dos procesos que la misma contralora había solicitado.
Según fuentes de la Fiscalía, una de esas investigaciones tiene que ver con el operativo realizado el miércoles cuando cerca de 40 miembros del CTI realizaron una inspección a las instalaciones de la Contraloría General de la República para establecer posibles irregularidades por parte del organismo de control en interceptaciones y seguimientos sobre procesos de responsabilidad fiscal.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación explicó que la inspección se originó en las denuncias que hacen referencia a "presuntos sobrecostos en la contratación de las actuales dependencias del ente de control; así como la presentada por los ciudadanos Ramiro Bejarano Guzmán y Cecilia Orozco Tascón, relacionada con presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales".
Sobre el tema, la contralora Morelli dijo en declaraciones a Caracol Radio, desde Washington, que las investigaciones que se adelantan en las instalaciones de la Contraloría son bienvenidas y lo que ha hecho la Fiscalía no es grave. "La claridad le va a servir a todo el mundo, en especial a nosotros".
Según Morelli, desde febrero se le pidió a la Fiscalía clarificar las denuncias por presuntas interceptaciones a periodistas y negó que se hayan dado instrucciones para tal fin y en sobrecostos en contratos de arrendamiento de las nuevas oficinas de esa entidad.
La Fiscalía explicó que con la actuación judicial se pretende recolectar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan establecer o desvirtuar la existencia de los mencionados seguimientos o interceptaciones a los citados periodistas.
En cuanto al contrato de arrendamiento, el ente investigador afirmó que al practicar la diligencia de inspección se buscaba "verificar el cumplimiento de todos los elementos constitutivos del contrato suscrito entre el organismo de control y la empresa Proyectos y Desarrollos UNO S.A., contrato cuyo valor asciende a 2.500 millones de pesos mensuales".
Por estos hechos, la Fiscalía ya ha interrogado a varias personas, entre ellas funcionarios de la Contraloría para establecer la responsabilidad de Morelli en estas conductas y según ha señalado no se descarta que entre los citados esté la misma contralora.
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