Comienza la discusión en La Habana del primer punto del "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: política de desarrollo agrario integral".
Durante casi medio siglo de existencia, las guerrillas colombianas han sido trashumantes y expedicionarias, dado el carácter irregular, el método utilizado de guerra de guerrillas y la confrontación sistemática con la fuerza pública; lo que les impidió construir asentamientos permanentes, proyecto de poder político y territorial e infraestructura propia.
Cualquier solución política con la guerrilla hoy está pegada al territorio. El mayor valor agregado que hoy posee para sí la guerrilla son sus territorios, no las armas.
Por lo tanto, la agenda tiene que estar referenciada a los territorios que aun controla o incide.
El territorio que fue escenario de combate, de disputa o de asentamiento de sus fuerzas, hay que convertirlo en espacios de legalización, de redención de pena, de seguridad personal, de reparación y reconciliación, de participación en la democracia y concreción puntual de los cambios exigidos, estos territorios se pueden convertir en escenarios importantes para la transición de la guerra a la paz y el posconflicto.
Esta existencia territorial de la guerrilla más su defensa histórica de la tierra a favor del campesinado colombiano le da valor a una propuesta de arraigo territorial y de transformaciones en la política de tierras.
Es necesario levantar una propuesta de transición de la guerrilla a la legalidad y a la participación política y democrática. Cualquier proceso de negociación hoy requiere territorialidad para su concreción real de la paz y la reconciliación.
¿Cómo articular un proceso de paz en la implementación de la Ley de Tierras y de Desarrollo Rural?
Para terminar bien este conflicto hay que delimitarlo territorialmente.
El conflicto armado que hoy se intenta resolver es de carácter rural y sus principales beneficiarios serán las víctimas y la población rural donde tuvieron asiento los grupos guerrilleros.
La mesa de negociación debería definir dos enfoques transversales para discutir los cinco subpuntos del tema agrario.
El primero: devolución de tierras en beneficio de los propietarios y desplazados; y el segundo, una política agrícola para los territorios donde fue más afectado el campesinado por el conflicto armado.
Las Farc deberían entregar al Estado un inventario de las fincas y las casas de las que se apropió durante estos años de conflicto.
No basta dejarles la tarea a los organismos de investigación, sino como acto político de paz y como compromiso de reconciliación se deben devolver los territorios.
Fue por esto que el proceso con los paramilitares quedó inconcluso, porque no hubo reconciliación. Para que haya una verdadera restitución de tierras tiene que revisarse y reorientar el proceso de las Autodefensas.
Mapa en mano se debería ubicar la extensión con sus municipios donde tienen asiento las Farc y en donde quedaron las propiedades usurpadas o abandonadas y hacer un proceso ordenado de restitución de territorios.
Es allí donde primero tiene que llegar la paz y la justicia social.
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