En un reporte del IFPRI, "Land Grabbing by Foreign Investors in Developing Countries", dado a conocer en los últimos días, se da cuenta de un fenómeno reciente, la compra o el arriendo, por parte de un grupo de países ricos en capital o con poblaciones numerosas, de tierra y fuentes de agua ubicados en países en desarrollo. Este fenómeno, por la magnitud de las áreas adquiridas y las consecuencias que el mismo puede tener para el desarrollo de los sectores rurales de muchos países de bajos recursos, seguramente afectará, hacia el futuro, la estructura de los mercados mundiales de bienes agrícolas y, por ende, las perspectivas de desarrollo de la agricultura mundial.
En el pasado era común que inversionistas privados extranjeros, especialmente de los países desarrollados, invirtieran capitales en el desarrollo de cultivos específicos en países en desarrollo. Lo que motivaba este movimiento de capitales eran las perspectivas de lograr importantes rendimientos o retornos al capital. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno y, en el pasado, por ejemplo, capitales provenientes de Holanda, Estados Unidos, Suiza y Argentina se invirtieron en desarrollos de cultivos como la palma africana, el banano, las flores y la industria láctea.
El fenómeno al que se refiere el estudio del IFPRI adquiere dimensiones muy diferentes a las inversiones privadas extranjeras en países en desarrollo, pues ahora son los propios países, directamente o a través de algún arreglo institucional de origen público, los que vienen realizando las adquisiciones. De otra parte, el motivo no es la búsqueda de unas ganancias, sino establecer mecanismos que garanticen, a través de la explotación de la tierra, la seguridad alimentaria de sus poblaciones. De esta forma, por ejemplo, países árabes, ricos en capital, pero con grandes limitaciones de tierra para la producción agrícola, como los Emiratos Árabes Unidos o Saudí Arabia, adquieren, respectivamente, en Pakistán y Tanzania 324.000 y 500.000 hectáreas de tierra. En otros casos, como China, el afán es asegurar fuentes alternas de abastecimiento de alimentos para su creciente población. Para tal efecto, por ejemplo, este país está negociando, en Filipinas, 1.240.000 hectáreas de tierra.
Este nuevo fenómeno, que crea un escenario completamente diferente en el desarrollo de las agriculturas de los países en desarrollo, es resultado del alza continua que en lo corrido de la presente década han experimentado los precios internacionales de los bienes agrícolas y la creciente demanda por biocombustibles. El temor de que los precios agrícolas sigan su tendencia al alza junto a las mayores siembras de productos agrícolas destinados a la producción de biocombustibles ha hecho que países como los mencionados anteriormente busquen la forma de garantizar que su población pueda acceder, de manera segura, a los alimentos que necesita. Como muchos de ellos tienen restricciones para ampliar sus fronteras agrícolas, han optado por adquirir o arrendar tierras por fuera de su territorio.
La explotación para fines agrícolas de áreas superiores a 500.000 hectáreas en cualquier país en desarrollo significa un importante y transcendental cambio en sus estructuras productivas y sociales. Esto ha llevado al IFPRI a hacer una serie de recomendaciones a los países en desarrollo para conseguir que esta nueva modalidad de desarrollo agrícola se convierta en una oportunidad virtuosa de desarrollo agrícola y rural. En particular, esta institución sugiere que la adquisición de la tierra se haga de forma transparente y no sólo entre gobiernos; que se respeten los derechos de la tierra de las personas y las comunidades; que los beneficios no se concentren en unos pocos; que se asegure la sostenibilidad ambiental de los emprendimientos agrícolas, y que la producción de las tierras adquiridas por países extranjeros esté sujeta a las políticas comerciales nacionales.
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