Las amenazas del Gobierno turco de emplear a las Fuerzas Armadas para acabar con las protestas ciudadanas y de castigar a quienes participaran en ellas tuvo su efecto, y la jornada de ayer transcurrió sin contratiempos.
"Lo que se requiere de nosotros es acabar con las protestas que sean ilegales. Está la Policía y si no es bastante la Gendarmería. Y si no basta, las Fuerzas Armadas. La ley nos da esa autoridad", había advertido el viceprimer ministro, Büllent Arinç, tras una noche de enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que se saldó con unos 390 detenidos.
Arinç añadió que la oleada de protestas, que comenzó hace tres semanas para defender el parque Gezi de Estambul, en donde se pretende construir un centro comercial, se volvió ilegal y que se iniciarán procesos judiciales contra los responsables de las mismas.
Simpatizantes del sindicato de funcionarios Kesk y de la Confederación de Sindicatos Obreros Revolucionarios (Disk), se reunieron en la calle Istiklal de Estambul, bajo la atenta mirada de un nutrido grupo de efectivos policiales, según informó la prensa local.
En las marchas participaron también asociaciones de médicos, dentistas, ingenieros y arquitectos, así como colectivos de farmacéuticos y del gremio transportador.
Las consignas solicitando la renuncia del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, fueron la constante durante las marchas, aunque la moderación fue evidente.
"Los sindicatos han pedido reaccionar con calma. Pero el pueblo seguirá en la calle, continuará luchando. Seguramente habrá otra vez gas lacrimógeno y cargas policiales" vaticinó Erdal Güzel, técnico de radiología en un hospital público y miembro del Kesk, en declaraciones a Efe.
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