Cada vez que a alguien se le discrimina o molesta, peor aún si se le ataca, por su condición de homosexual, o de gay, o de enfermo de sida, o por ser negro, o indio, o mujer; o por ser pobre, o por pensar distinto, se desconoce y viola el derecho humano a ser diferente.
La Constitución de 1991 definió a Colombia como República "democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana". (C.N. a1) que "reconoce la diversidad étnica y cultural", (CN a7) de personas "iguales ante la ley", "sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". (CN a 13).
Sin embargo nadie ha nacido igual a otro porque la igualdad es una construcción o logro de la sociedad.
Si hoy se respeta la decisión sobre sexo del homosexual, o del gay; si el indígena reclama sus derechos hablando de igual a igual; si un negro es elegido presidente de los Estados Unidos, o ministro de Estado en Colombia, si el ser católico o budista o musulmán, o luterano, son condiciones que no constituyen un obstáculo para el ejercicio y reclamo de los derechos ciudadanos. No es porque la naturaleza lo imponga así, sino porque la sociedad lo decide como factor de progreso y desarrollo.
Nadie nace igual, ni libre, ni con su dignidad enhiesta, estas son condiciones que el ser humano conquista; por eso es válida la afirmación de que los derechos humanos no son naturales sino extranaturales; cada uno de ellos es un agregado que perfecciona la naturaleza humana.
No sucede lo mismo que con la habilidad de coser, o de cantar, de esculpir o de construir edificios, que cada persona desarrolla y afina; ser libre o igual son calidades que resultan de una acción mancomunada y pertenecen a las utopías de progreso que toda sociedad viva se propone. (Cf José Antonio Marina: La lucha por la dignidad ).
Ayer el mundo celebró el 60 aniversario de la proclamación de los derechos humanos por las Naciones Unidas. Es una conmemoración que no tendría sentido si no se convirtiera en coyuntura para examinar los puntos críticos de la aplicación de esos derechos. Que no son puntos teóricos, sino con rostros y perfiles concretos.
Como el de los corteros de caña, que debieron correr el riesgo y las privaciones de un largo paro para exigir el derecho a una paga justa.
Fue tan evidente esa violación de sus derechos, que fue reconocida por el mismo gobierno que, sin embargo, manejó el asunto con manos de seda para no lastimar los intereses de los poderosos industriales del azúcar. Pero el hecho parecía volver al país a un pasado que se creía sepultado.
Fueron más de 700 kilómetros los que recorrieron los indígenas del Cauca para reclamar su derecho a los derechos y aún están pendientes del encuentro y las decisiones de reconocimiento y aplicación de esos derechos. Como en el lejano pasado.
Los derechos de la oposición tropiezan cada vez con la incontinencia verbal del Presidente, empeñado en minar la autoridad moral y credibilidad de sus opositores al acusarlos de delincuentes, terroristas o guerrilleros.
Ser opositor es exponerse al riesgo de esas descalificaciones que corea una opinión dócil y fanatizada.
El aniversario de la proclamación de los derechos humanos es una celebración oportuna porque permite ver el camino recorrido y el que falta por atravesar, tortuoso y empinado y que en Colombia no permite hacerse demasiadas ilusiones.
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