Ante el Congreso de la República se presentará un proyecto que busca modificar la Ley de Pequeñas Causas con el objetivo de hacer los ajustes necesarios a la norma para que sea eficaz.
Así lo anunció el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al término de una reunión con autoridades civiles del departamento y de organismos públicos, como el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán; el procurador general, Edgardo Maya Villazón; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, y el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, entre otros.
La reunión fue solicitada por el sector privado hace unos 10 días, en un consejo de seguridad con el presidente Álvaro Uribe Vélez, en Rionegro.
El proyecto tendrá en cuenta aspectos como la ampliación de funciones de investigación, el fortalecimiento de los Consultorios Jurídicos de las Universidades para la Defensoría Pública.
Además, incluir en el proceso a la Defensoría del Pueblo, consolidar el tema de la conciliación, reconsiderar la forma de aplicación del recurso de apelación respecto al arresto. También, se promoverá un fuerte compromiso en materia de recursos logísticos y técnicos, y de infraestructura física, por parte de las alcaldías y las gobernaciones.
Según Hernando Torres, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al momento se han procesado 42.000 causas, 3.000 en medellín de las cuales 270 han sido en flagrancia.
La ley va dirigida a combatir los delitos contra el patrimonio económico, hurtos menores, lesiones personales y el consumo de estupefacientes.
En la reunión el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, reveló que "los perjuicios del comercio como consecuencia del hurto en 2008 pueden estar por el orden de los 300.000 millones de pesos".
La evaluación que se hizo permite ver unos problemas jurídicos y operativos, pero igualmente presupuestales. Se estima que para la aplicación de la ley la inversión debe ser de 45.000 millones de pesos y solo se han destinado 3.000 millones de pesos.
El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, manifestó su apoyo para que la ley pueda ser eficaz y dijo que en el inicio de su mandato ha impulsado la construcción de Casas de Justicia, de las cuales hay cinco en funcionamiento y se espera tener otras diez al término del presente año.
Así como la intervención para la creación de 57 comisarías y un convenio con la Defensoría del Pueblo por 450 millones de pesos para vincular más defensores públicos.
En lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana Valencia Cossio señaló el problema que se deriva de la aplicación de esta ley donde hay una necesidad de unificar criterios para la descongestión de las cárceles.
Hoy se tiene en el país unos 14.000 internos que exceden los cupos carcelarios y que obviamente ocasionan un hacinamiento y condiciones infrahumanas no dignas que el Estado debe solucionar.
Dijo que en ese propósito se inició la construcción de 11 cárceles con una capacidad de 24.000 internos y que deben estar listas en 2010.
Pero como se prevé que puede aumentar la población carcelaria se tienen dos iniciativas: administración privada y concursos para la construcción de centro penitenciarios a cambio de los lotes donde hoy se encuentran cárceles muy antiguas en zonas residenciales con un valor comercial muy alto.
Lo otro es el sistema del brazalete electrónico que empezó a regir desde el primero de julio para el cumplimiento de las penas extramuro.
"Queremos ir más allá, lo que buscamos es que las cárceles sean verdaderos centros de reeducación para el trabajo promoviendo proyectos productivos para que los internos se lucren y puedan producir para el sostenimiento de las mismas cárceles", concluyó Valencia Cossio.
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