Como tratando de expiar sus culpas, luego de los atentados del 9 de julio en Toribío, Corinto y Caldono (Cauca), los cuales dejaron 6 muertos, 122 personas lesionadas y más de 500 viviendas afectadas, las Farc emitieron un comunicado en el que "responsabilizan" al Estado por lo que pueda sucederle a la población civil dentro de las acciones del conflicto armado.
En un comunicado emitido a través del sitio Anncol , el Comando Conjunto de Occidente de las Farc manifestó que el Estado es responsable de los hechos "por mantener personal e infraestructura militar en medio de la población civil".
Dicen las Farc que muchas de las casas alcanzadas por el ataque en la población de Toribío, "estaban alquiladas o cedidas por sus dueños a miembros de la Policía y del Ejército".
Recalcó, además, el grupo guerrillero que los civiles no podrán servir de guías a uniformados y evitar el montaje de cuarteles cerca de sus casas o en lugares de concentración pública, así como no abordar vehículos militares.
Después del atentado en Corinto, en el que quedó totalmente destruido el comando de la Policía, Gilberto Muñoz Coronado, alcalde de esta localidad, declaró que por temor a un nuevo ataque de las Farc "la gente no quiere que la estación de Policía sea reconstruida en el mismo lugar porque acá (parque principal) es donde se reúnen. Entonces es muy peligroso, vamos a evaluarlo".
"Ellos son los culpables"
El consultor Internacional en Seguridad y Defensa, Jhon Marulanda, aseguró que con el comunicado, las Farc demuestran la poca conciencia de la realidad que vive el país.
Según Marulanda, las Farc "tratan de contrarrestar los nocivos efectos políticos que ha tenido su ataque indiscriminado contra la población civil. No tiene ningún sentido que vengan a reclamar después de lo que hicieron".
Marulanda explicó que durante 40 años las Farc han dinamitado puentes, acueductos, han asesinado personas en iglesias. "Ellos son los únicos responsables sobre estos y otros hechos perpetrados".
Pero Jairo Delgado, general (r) de la Policía y director del Instituto de ciencia política Hernán Olózaga, cree que con este tipo de comunicados, lo que las Farc pretenden es "generar presión para desestimular el accionar de la Fuerza Pública cuando se decidió la creación del batallón de Alta Montaña y la llegada de los refuerzos para combatir a la guerrilla".
Delgado comentó que "buscan frenar el avance de las autoridades y ejercer presión para que las unidades militares las retiren de ciertas áreas urbana y ellos elaborar su estrategia".
Infracción al DIH
Las acciones perpetradas por las Farc, el pasado 9 de julio, fueron calificadas por expertos como una infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a los derechos humanos.
Luis Eduardo Celis, de la Corporación Nuevo Arcoiris, señaló que "lo que está haciendo las Farc es una flagrante violación del DIH porque los combatientes no están uniformados. Las personas que participan de las hostilidades tienen que identificarse como tales. Uno no puede andar como campesino y cargar fusiles".
La ONG, Colombianos y Colombianas por la Paz emitió un comunicado en el que pidieron a las Farc y el Eln "respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario y encaminar discusiones hacia el logro de acuerdos para garantizar plenamente su observancia".
Manifestaron que los hechos de la semana pasada "son producidos en desarrollo del conflicto armado".
Esta petición y el comunicado de las Farc son emitidos luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunciara ayer el incremento de recompensas por cabecillas de las Farc.
El Gobierno Nacional está dispuesto a pagar 500 millones de pesos por información que permita capturar a alias "Claudia" o "la Oruga", cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, Además de 200 millones por alias "Héctor Comidita", del frente 17, alias "Erik o "el Chivo" y alias "Jamir", integrantes de la misma columna de las Farc.
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