Hoy, con la visceral controversia política que generó la última campaña electoral, la visión de los hechos que animaron al país a embarcarse en semejante cambio se ha distorsionado irremediablemente. Muchos de quienes la apoyaron en ese entonces, incluso de manera apasionada, ahora la rechazan por no ser de sus simpatías el último presidente reelecto.
En cambio, varios de quienes se opusieron en 2004 a la aprobación de la figura advirtieron el componente de personalismo que en un país de precaria cultura política como el nuestro adquiriría la posibilidad de reelección presidencial inmediata.
Así fue: muy posiblemente ningún otro dirigente distinto al Jefe de Estado de ese momento, Álvaro Uribe, habría logrado una adhesión igual a su pretensión de reelegirse. Una vez la iniciativa fue aprobada en el Congreso y fue avalada por la Corte Constitucional, se verificó su legitimación popular: triunfo incontestable del presidente-candidato en la primera vuelta del 28 de mayo de 2006, con el 62,35 % de la votación total.
Y tan pronto se inició el segundo gobierno (2006-2010) se fue abriendo paso, de forma más forzada, una nueva iniciativa para permitir una segunda reelección, es decir, un tercer mandato consecutivo. Un trámite parlamentario a los trancazos y una decisión final de la Corte Constitucional, sepultaron esa nueva posibilidad, tan similar a la adoptada en la bolivariana Venezuela y luego en Bolivia, Nicaragua y próximamente en Ecuador.
En enero de 2011 el presidente Juan Manuel Santos -posesionado cinco meses antes-dijo que él querría terminar su gestión en cuatro años para no reelegirse. Cambió muy pronto de opinión. La paz, como ocho años antes fue la Seguridad Democrática, era el motivo para impulsar un segundo mandato.
Logró convencer a una mayoría de que su propósito solo se lograría con él en la Presidencia. Pero un día después de triunfar en las urnas anunció que promovería un acto legislativo que eliminara la reelección. Si la quiere eliminar suponemos que es porque es plenamente consciente -como lo es, por ejemplo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez - de los grandes costos institucionales y los evidentes desequilibrios que la figura genera.
A pesar de existir una ley de garantías electorales, las dos experiencias vividas de campañas reeleccionistas en 2006 y 2014 de presidentes en ejercicio han puesto al país de cara con su penosa forma de hacer política, de la invencible ausencia de criterios éticos en el ejercicio proselitista y del enraizamiento del clientelismo como forma definitoria de nuestro régimen político.
Lastimosamente la reelección concebida como estímulo y premio para buenos gobiernos se tornó, aquí en Colombia, en instrumento de degeneración de la política, en aprovechamiento corrupto de los recursos del Estado, en cultura de la ilegalidad y en abuso de poder.
Ante la poca esperanza de cambiar las costumbres y la cultura políticas, cuando se radique la iniciativa de reforma y se inicie el debate, lo más lógico y sano para el país será la extensión de los períodos presidenciales a partir de 2018, sin reelección.
LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS A FAVOR DE LA REELECCIÓN SON POLÍTICOS
Por MARIO ALFONSO ÁLVAREZ MONTOYA
Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, U. de M. y UPB.
Desde que existen elecciones presidenciales se ha debatido mucho, desde el punto de vista jurídico, acerca de la conveniencia o inconveniencia de la reelección inmediata. Aunque los principales argumentos en su favor no son propiamente jurídicos sino políticos (continuidad de políticas y control al gobernante). Y en un país en donde precisamente se critica la falta de continuidad, este es un argumento poderoso a favor de la institución.
El gran problema recae en la manera de separar cuándo se actúa como gobernante y cuándo como candidato. Pero la respuesta es simple: nunca puede separarse. Por lo tanto, siempre que el presidente actúa lo hace defendiendo su obra de gobierno y buscando un segundo período.
Por eso en Colombia la discusión no debe centrarse en esto último, sino en lograr establecer un mecanismo que garantice equilibrio (y no igualdad, porque es imposible), pero ello exige una articulación de partidos políticos e instituciones de opinión fuertes en la sociedad y no un conjunto de “mermelados” de una parte y aduladores (áulicos) por otra. La mejor solución es la de modificar el régimen de los partidos castigando severamente la doble militancia “práctica” para el caso de quienes apoyan candidatos diferentes a los de su partido.
