Poco después de que el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, anunciaran la determinación del Gobierno de buscar garantías para ocho colombianos acusados en Venezuela de supuesto espionaje, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, indicó que hay otros 12 compatriotas que fueron detenidos en ese país el pasado mes de marzo.
"Tenemos la obligación como Gobierno y Ministro de Justicia de velar por los derechos humanos de los colombianos en nuestro territorio o fuera de él. Por ello, junto a la Cancillería, vamos a elevar una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se protejan los derechos humanos de los colombianos que fueron detenidos, se les garantice el debido proceso, y la opinión internacional tenga pleno conocimiento de esta situación", afirmó Valencia Cossio.
"Nosotros pedimos al Gobierno de Venezuela, a sus autoridades judiciales, a la OEA y a las Naciones Unidas, garantizar la plenitud de los derechos humanos a estos compatriotas nuestros acusados de espionaje", dijo a su vez el presidente Uribe.
El mandatario también se refirió al homicidio de varios jóvenes colombianos en el estado venezolano del Táchira y dijo que el Gobierno de Colombia lo único que conoce es una "acusación no probada de que pertenecían a grupos paramilitares".
"Requerimos del Gobierno de Venezuela, requerimos de las Naciones Unidas y requerimos de la Organización de Estados Americanos, una explicación, soportada en las pruebas, sobre lo que ocurrió con estos jóvenes compatriotas en el estado del Táchira", manifestó el Presidente.
Agregó que "Colombia necesita saber si realmente hay pruebas para acusar a estos jóvenes de paramilitarismo, si fueron dados de baja en una operación legítima o si fueron asesinados en una práctica violatoria de los derechos humanos".
Hay más detenidos
Según la Defensoría del Pueblo, el viernes 19 de marzo, cuatro días antes de la retención de los otros colombianos en el Estado de Barinas, la misma suerte la sufrieron 12 trabajadores de una finca ubicada en esa región del vecino país, llamada La Ponderosa.
Dentro de ese grupo había obreros que adelantaban una construcción y parientes del propietario de la finca, el ciudadano colombiano Fabio Vallejo. Todos fueron detenidos por las autoridades venezolanas acusados de integrar un grupo paramilitar y de porte ilegal de armas.
De acuerdo con familiares de ellos, las autoridades venezolanas "justificaron su detención porque ellos tenían cinco escopetas viejas en la finca", señaló Vólmar Pérez.
Los colombianos se encuentran detenidos en el centro reclusorio Rodeo Uno, ubicado en Caracas.
La Cancillería ya intervino
Anoche, la Cancillería informó que ya radicó ante la CIDH una solicitud de intervención urgente con "la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a la vida e integridad" de los detenidos.
El Ministerio de Exteriores colombiano también radicó ante el Gobierno venezolano "una nota en la cual se exige respeto y garantías plenas de los derechos fundamentales de los detenidos, en particular, sus derechos procesales".
Sobre la masacre de nueve colombianos en Chururú, Táchira, el 11 de octubre de 2009, la Cancillería indicó que "ni el Gobierno de Colombia ni la opinión pública conocen pruebas que los vinculen con grupos armados ilegales o que por lo menos esclarezcan plenamente los hechos".
En esa ocasión, el vicepresidente del vecino país, Ramón Carrizales, señaló a las víctimas como paramilitares.
Por ello, Colombia "ve con profunda preocupación la práctica sistemática de estigmatización que viene configurándose en Venezuela de prejuzgar y juzgar a ciudadanos colombianos por el solo hecho de serlo. Funcionarios del Gobierno de ese país han hecho afirmaciones en tal sentido, en absoluta inobservancia de los principios universalmente aceptados del debido proceso y la no discriminación por razones de nacionalidad".
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