AJorge Fernando Perdomo, fiscal (e) general de la Nación, está enfrentado las críticas por las recientes polémicas opiniones de su jefe, Eduardo Montealegre —ahora de vacaciones—, sobre justicia transicional para guerrilleros desmovilizados, acercamiento a bandas criminales y sobre el proyecto de reforma a los poderes públicos. Perdomo sostiene que en ocasiones no se ha interpretado bien la intención de la Fiscalía.
La propuesta del fiscal de dar muerte jurídica a las investigaciones de desmovilizados de las Farc y del Eln han generado críticas hasta del ministro de Justicia. ¿En qué se basa esa propuesta?
"Lo primero que debe precisarse es que el señor fiscal general de la Nación jamás se ha referido al concepto de "muerte jurídica". Lo que él ha propuesto es la aplicación de la figura de la cosa juzgada universal, que no es sinónimo de amnistía ni de indulto para los desmovilizados, como al parecer se ha entendido por algunos sectores. Lo que se propone es que, habiéndose determinado los responsables de los crímenes investigados e impuesto las sanciones correspondientes, se cierre de manera definitiva la discusión judicial sobre tales hechos, lo cual está lejos de ser novedoso, pues halla su soporte en principios vigentes en nuestro ordenamiento constitucional y legal, como los de seguridad jurídica y prohibición de doble incriminación. Tal iniciativa resulta absolutamente razonable e indispensable en un marco de justicia transicional, que como consecuencia de un proceso de paz pretende concluir un conflicto de más de cincuenta años. La sociedad debe ser capaz de reconciliarse y de superar este estadio de guerra y violencia. Lo contrario conllevaría el riesgo de seguir en el conflicto que, precisamente, quiere dejarse atrás. No son comprensibles los comentarios de algunos sectores políticos, quienes, pese a reconocer y pregonar la necesidad de que se abran espacios para discutir el modelo de justicia transicional, censuran la voz del fiscal general. La invitación de él es, entonces, a ser coherentes, a participar con argumentos y a incentivar una discusión más allá de los simples comentarios, esos sí "exóticos" de algunos funcionarios".
Los temores ante las figuras de justicia transicional se fundan en los problemas con paramilitares, ¿fracasó Justicia y Paz? ¿Temen un aumento de violencia en el país si no se les cumple la libertad que ellos esperan?
"En todos aquellos eventos en los que se confirme que las personas desmovilizadas han realizado una dejación efectiva de las armas y contribuido de manera decisiva para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, la Fiscalía, honrando los compromisos del Estado, promoverá la libertad. Sin embargo, cuando se demuestre que los postulados han incumplido sus compromisos, la consecuencia necesaria será el retiro de los beneficios. Esto es lo que ha ocurrido cuando se ha solicitado la exclusión de desmovilizados del proceso, en 350 casos; precisamente porque nos hemos tomado en serio el proceso y no permitiremos que los desmovilizados sean quienes le hagan conejo a la justicia".
¿Cuál es la propuesta que tienen sobre el juzgamiento de aforados y la modificación a la Corte Suprema de Justicia?
"En lo que respecta al juzgamiento de aforados, el señor fiscal ha sido absolutamente claro en que el modelo de investigación por parte de la Cámara de Representantes ha entrado en crisis. Lo que no se comparte es que tal modificación implique el sacrificio de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial, lo cual se advertía en el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno, en el que los miembros del tribunal de aforados serían escogidos por el Congreso, es decir, tendría un origen político. Eso no tiene presentación, pues implica que quienes juzgan a los magistrados a su vez sean nombrados por sus investigados. El llamado es a crear un Tribunal que adelante las investigaciones con celeridad, pero sin afectar la autonomía e independencia de la Rama Judicial. En relación con lo segundo, la Fiscalía propone una reforma a la estructura y al funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. En síntesis, la iniciativa pretende que unos magistrados adelanten las labores de investigación y acusación y otros sean los encargados del juzgamiento. Esto traería múltiples beneficios, de una parte se garantizaría la doble instancia a los aforados, que se reclama de tiempo atrás, y permitirá que dicho tribunal, al especializarse en el desarrollo de las múltiples funciones que tiene asignadas, pueda concentrarse en labores de suma importancia para el país, como las relativas a la unificación de jurisprudencia".
El 16 de octubre será la audiencia para solicitar medida de aseguramiento a la excontralora Sandra Morelli...
"La Fiscalía le solicitará a un magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de una medida de aseguramiento, y será él quien se encargue de valorar y decidir en Derecho y al amparo de todas las garantías que ofrece nuestro ordenamiento constitucional, la procedencia de tal petición".
Se han cumplido más de tres años del proceso contra Samuel Moreno, por el carrusel de la contratación, sin llegar a una condena. ¿Por qué no avanza?
"Las investigaciones adelantadas contra el exalcalde Moreno están muy avanzadas, al punto que dos de las mismas ya se encuentran en etapa de juicio, y en una tercera, relacionada con la contratación de las ambulancias del Distrito, está próximo a ser acusado. Lo anterior, a pesar de las dilaciones, no imputables a la Fiscalía, que se han presentado en algunos de estos asuntos. Adicionalmente, la Fiscalía ha solicitado al Consejo Superior de la Judicatura priorizar ciertos casos de connotación, teniendo en cuenta que su complejidad y la alta carga laboral de los jueces, impacta negativamente en la pronta resolución de casos tan trascendentes como estos".
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