El alto índice de homicidios en varias regiones, las frecuentes excarcelaciones de delincuentes de alta peligrosidad y la vulnerabilidad en que se encuentran muchos jueces de garantías en las regiones, han llevado al Presidente Uribe a solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura la creación de más jueces de garantías dotados de jurisdicción a nivel nacional, y no sólo local, para que puedan desplazarse de las capitales y cubrir casos donde operan las bandas criminales emergentes.
Consideramos necesario que este Consejo acate esta recomendación y la implemente en forma urgente, por cuanto hay que fortalecer la justicia, máxime con el Sistema Penal Acusatorio vigente exige que sean los jueces de garantías quienes decidan sobre las medidas que afectan los derechos de los sindicados, como las órdenes de captura, los allanamientos, las interceptaciones telefónicas, entre otras acciones.
Si bien hemos ponderado el espíritu garantista de esta nueva legislación penal, también hemos advertido que ese espíritu no puede ir hasta el punto de instaurar una impunidad judicial en aras de un celo exagerado por los derechos de algunos sujetos peligrosos, en detrimento de los derechos de gente buena y vulnerable.
Creemos, además, que la iniciativa del Gobierno, con el Ministro del Interior a la cabeza, de hacer una reforma estructural a la Rama Judicial debe incluir una revisión del Sistema Penal Acusatorio, para que cuente con todos los recursos financieros y de personal, y los ciudadanos tengan así una justicia seria, eficiente y oportuna.
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