Para los colombianos ajenos a los meandros de la justicia, resulta cada día más sorprendente y alarmante ver el desorden institucional que constantemente acusan las actuaciones y las omisiones de nuestro sistema judicial.
Observamos paradójicamente que, mientras más débil e insólita va siendo la justicia en sus resultados, más se empecinan sus actores en erigirse en un superpoder, sobre las ramas Ejecutiva y Legislativa y sobre los órganos de control fiscal y disciplinario, por medio de sus tutelas y sentencias, las mismas que cunden sin orden ni freno sobre toda clase de materias, acerca de las cuales con frecuencia muestran más ignorancia que conocimiento y ponderación.
No le resulta fácil al simple conocedor de los hechos por informaciones de noticias saber si obedece esta extensión de la anarquía, desde lo más alto hasta el cotidiano vivir de la comunidad, a una decisión proveniente del campo judicial. O es consecuencia de la deficiencia en la normatividad. O se deriva del deterioro en la provisión de los cargos y del ejercicio de lo forense.
Pero la realidad es que el país siente que precipitadamente a veces, lentamente casi siempre, se está desestabilizando en sus instituciones. Si ese es “el poder para los jueces” que cantara algún presidente de la Corte Suprema, duelos hay que mandarle a la sociedad.
A ojos de lego, ¿es acaso culpa de la tutela lo que viene sucediendo en Colombia? Porque los informes sobre el Derecho de Amparo que con tanta mesura y profundidad se aplica en países de los que posiblemente fue copiado el proyecto llevado a la Carta Política de 1991 son muy diferentes de lo que aquí acontece.
¿O es que por acá copiamos mal? Copia desmejorada, al parecer, por culpa de un desarrollo tropicalizado en la práctica, que más sirve para acentuar el desorden de las instituciones que para ajustarlas al cauce constitucional.
No comprendemos las liberaciones de criminales sin justificación. Ni la desmoralización de las fuerzas del orden por medio de disposiciones legales absurdas. Ni los obstáculos para combatir el narcotráfico con la ayuda estadounidense. Ni el fallo para impedir la reforestación del país. Ni los impedimentos frente a los acuerdos para desmovilizar grupos armados. Ni la validez concedida a los testimonios no coincididos de criminales convictos a cambio de beneficios…
No menos incomprensible nos resulta el Congreso, cuya función legislativa parece naufragar en medio del desprestigio y de la ineptitud, para ser finalmente interpretada o modulada por la Corte Constitucional en forma desconectada de la realidad y exaltada con arrogancia y poder. Del poder de la anarquía con toga.
Lamentable resultaría para el país que el Presidente Santos y su ministro Germán Vargas Lleras fracasaran en reformar el sector de la justicia que tanto obstaculiza hoy el progreso de Colombia. A esta calamitosa posibilidad contribuiría muy seguramente la inoportuna asesoría que Santos le ha solicitado al señor Baltasar Garzón, juez que está suspendido a la fecha por la justicia española, porque enfrenta allí tres juicios en su contra.
