De las decisiones que tomen en los próximos meses el Gobierno, el Congreso y las autoridades locales dependerá qué tanto caiga la calidad de vida de los colombianos debido a las repercusiones de la crisis mundial.
La recesión es prácticamente inevitable. Muchas familias sufrirán pérdidas de ingreso y aumentarán el desempleo y la pobreza. Treinta de los 32 líderes del país encuestados recientemente por el BID en preparación para la Asamblea del Banco en Medellín prevén que en los próximos cuatro años el ingreso per cápita de los colombianos estará prácticamente estancado o incluso caerá.
La calidad de vida de la gente es mucho más que el ingreso, y el desarrollo de un país mucho más que su tasa de crecimiento. Se cometería un error si las decisiones de política frente a la crisis se orientan exclusivamente por estos objetivos y se descuidan aspectos que la gente valora más que el ingreso, como la salud y la protección ante los riesgos de sufrir hambre o perder la vivienda.
Quien tiene más ingreso puede protegerse mejor de estos riesgos, pero esto no implica que la mejor o la única forma de ofrecer protección a las familias sea garantizándoles un ingreso básico. El programa de Familias en Acción es una forma eficaz de transferir unos ingresos mínimos a las familias más pobres y de inducirlas a proteger la educación y la salud de sus hijos, pues esas transferencias son condicionadas a la asistencia escolar y ciertos chequeos de salud. Familias en Acción debe ser un componente central de la estrategia de defensa de la calidad de vida de los colombianos, pero hay muchas otras cosas que hacer.
Hay que despejar diversas incertidumbres sobre el seguro de salud. Con la creación de la Nueva EPS, muchos afiliados del viejo ISS han quedado en el limbo en la transferencia de archivos entre la vieja y la nueva entidad. También hay que ofrecer más seguridad de que los afiliados que pierdan su empleo y se conviertan en informales no pierdan el servicio de salud por no poder pasar del régimen contributivo al régimen subsidiado (pero hay que hacer esto sin introducir incentivos adicionales a la informalidad). Además es necesario ofrecer algún sistema de afiliación adecuada a quienes queden desempleados por más tiempo que el período de gracia de dos meses que hay en la actualidad.
Como lo refleja un estudio reciente del BID sobre calidad de vida, la seguridad de una vivienda propia puede compensar muchas otras carencias. Ampliar los programas de vivienda popular puede ser una buena idea, pero se tropieza con la falta de recursos de los municipios y la pérdida de ingresos de muchas familias. Es más crítico reducir el riesgo de pérdida de la vivienda de quienes ya son propietarios y queden sin empleo. Puede pensarse en un programa de crédito garantizado con las cuentas de cesantías o en algún mecanismo de crédito que permita diferir los pagos sin incurrir en costos de mora.
Para muchos pobres cuyas viviendas empezaron como construcciones informales, lo crucial es regularizar los títulos de propiedad para tener mejor acceso al crédito y mejorar las posibilidades de arrendar o vender, si es necesario.
Estas y muchas otras opciones para defender la calidad de vida de los colombianos en tiempos de crisis son atractivas porque no exigen grandes aumentos de gasto público y porque responden a lo que le importa a la gente. Defender al fisco no es incompatible con defender la calidad de vida.
*Economista Jefe (e) del BID
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