Los opositores y analistas venezolanos están nerviosos. Sienten que el presidente Hugo Chávez, cada vez que tiene una oportunidad, busca los recovecos que le da la ley para salirse con la suya.
La última jugada fue maestra. El Presidente lanzó una contraofensiva para establecer de manera definitiva su proyecto de Socialismo del Siglo XXI y recibió respaldo de los demás poderes para blindarse frente a fuertes contendores en el campo político.
El mandatario esperó hasta el último momento para firmar un paquete de 26 decretos-leyes que, según opositores y analistas locales, reviven parte importante de las iniciativas que fueron derrotadas en el referendo del 2 de diciembre del año anterior, lo que las haría inconstitucionales.
Con las nuevas disposiciones se introducen cambios a las Fuerzas Armadas, se hacen modificaciones a la ley general de bancos, se regula el sector de alimentos y se realizan ajustes en el ámbito territorial y de propiedad, por citar tan solo algunas.
Chávez corre un gran riesgo al tratarse de las mismas iniciativas que salieron mal libradas en el referendo del año anterior, cuando incluso sus seguidores prefirieron no apoyarlas ante el peligro que veían en la concentración del poder, que es el mismo temor al que la gente se refiere ahora cuándo se le pregunta sobre las nuevas leyes.
Según el analista y periodista Teodoro Petkoff, la decisión final que puede frenar a Chávez es darle una respuesta en las instancias legales, en la calle con protestas multitudinarias y en las elecciones regionales y locales de noviembre. Sólo así se puede enfrentar la arremetida.
Aprobar sin mirar
Sin embargo, el camino para los que quieren contrarrestar al presidente de camisa roja no es fácil.
La Asamblea Nacional (AN) respaldó el paquete de leyes sin mirar su contenido.
La presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, aclaró que no estaba planteada su revisión y el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Mario Isea, dijo que con estas leyes "se construye la liberación de nuestra economía" y agregó que "si alguna vez tuviéramos que habilitar nuevamente al Presidente, lo haríamos", para explicar que apoyarían de nuevo una Ley Habilitante (que le dio facultades al Presidente para legislar) para que así el mandatario vuelva a redactar las leyes que necesite.
De otro lado, en días pasados, en una noticia que generó escándalo en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país avaló la decisión de la Contraloría de inhabilitar a cerca de 300 personas que no podrán ser electas en cargos populares (la mayoría opositores), algunos de los cuales amenazaban con triunfar en regiones chavistas, comenzando por Caracas.
Sin estado de derecho
Las reacciones frente a la contraofensiva de Chávez aumentan e incluso se presentaron denuncias ante organismos internacionales.
En Caracas, el Movimiento 2D llamó a tomarse las calles y denunció que se ha instaurado una dictadura.
Mónica Fernández, una abogada que trabaja en derechos humanos, dijo que se está matando el estado de derecho.
Considera que las instancias internas ya están agotadas ante la falta de autonomía de los poderes públicos frente al Presidente como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional y que la posibilidad ahora está en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque "está en riesgo latente la democracia".
Fue precisamente por eso que las parlamentarias de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, Adriana Peña y Mirta Palacios, de Uruguay y Paraguay, fueron a Caracas a conocer de primera mano la situación.
Pretendían reunirse con las dos partes pero no fueron recibidas por el Gobierno. Dicen que "el que calla otorga" y aunque tuvieron una visión parcial de los hechos aseguran que "es negativa y preocupa".
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