La repentina aparición en Colombia del fiscal de la Corte Internacional de Justicia, resultante del Pacto de Roma, es indicio elocuente de que su entidad se dispone a asumir el conocimiento de cuanto caso se haya producido en medio de un conflicto armado de singulares y quizás únicas características de cuantos saturan el convulso universo de la posguerra mundial.
El plazo de siete años que el Gobierno de Colombia obtuvo al adherirse al Pacto de Roma está por concluir, lo que nos situará en dependencia absoluta del Tribunal Internacional para conocimiento de hechos punibles a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Razón tuvo el gobierno del presidente Pastrana en pedir un plazo, en espera de que los siete años permitirían poner fin a nuestra confrontación armada, con el iluso proceso de paz del Caguán. Pero el término fijado resultó demasiado corto, como era fácil prever ante la ambigua y torticera conducción de los diálogos -jamás fueron negociaciones- por las Farc.
En plena contienda, el politizado tema de los derechos humanos se venía utilizando por las ONG proclives con la subversión para acusar a comandantes de la fuerza pública de violaciones no pocas veces inexistentes.
No termina el período de gracia, cuando ya la Corte Constitucional muestra sus garras. La intervención se ve venir, lo cual no admitiría objeción si no existiese la prevención de considerar el caso colombiano como fuente de atropellos y transgresiones delictuosas al principio jurídico de la lesa humanidad. Predisposición que oficiosos colectivos y asociaciones de abogados no hubiesen propiciado con el doble propósito de lesionar al Estado colombiano y golpear a sus Fuerzas Armadas en las personas de sus más prestigiosos generales y oficiales superiores, por una parte, y ganar así jugosas tajadas de las indemnizaciones millonarias que obtienen para las víctimas de semejantes 'abusos'.
La eventualidad de que la vigencia del Pacto se produzca en la postvictoria contra las Farc y Eln, en nada suaviza tan dura perspectiva. Prueba de ello, la Comisión de la Verdad que revive veinte años después lo acaecido en el Palacio de Justicia, no para inculpar a los cabecillas guerrilleros de entonces sino a los militares que rescataron de su asalto sangriento y fanático no sólo la vulnerada Casa de los Jueces sino los centenares de civiles que la ocupaban en esa hora sombría de nuestra historia contemporánea.
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