El 5 de junio estarán en juego tanto el modelo económico como la orientación geopolítica de Perú. Tal como sucedió en 2006, los votantes se verán abocados a tener que escoger la candidatura menos mala.
Los resultados de la primera vuelta electoral han creado una situación de incertidumbre respecto a las prioridades del próximo gobierno.
La aversión de los mercados al riesgo de un cambio traumático se ha traducido en una caída en el precio de los valores bursátiles y de los instrumentos de deuda soberana. Los analistas externos perciben lo ocurrido como algo que incrementa el riesgo país y pone en tela de juicio la imagen del Perú como una nación que ha encontrado el esquema adecuado de modernización.
Las dos opciones electorales que pasan a la segunda vuelta dejan bastante que desear en lo que concierne al respeto de las instituciones. Las dos candidaturas evocan el espectro del populismo autoritario: Ollanta Humala, por el contenido de su programa de gobierno; Keiko Fujimori, por el recuerdo del régimen de su padre.
No obstante, reducida la escogencia a esas dos opciones, la perspectiva de un gobierno presidido por Humala es la más preocupante, desde la perspectiva de la democracia liberal y la economía de mercado.
Con el apoyo de consultores políticos vinculados al PT de Brasil, ha cambiado de imagen y moderado su discurso para tranquilizar a los sectores de clase media.
Ha tomado distancia de Hugo Chávez y de algunas posturas de inconformidad con los tratados de libre comercio, la inversión privada extranjera y la estabilidad del régimen contractual.
Respecto a Keiko Fujimori surge la objeción de inexperiencia administrativa y la duda acerca de su capacidad para lograr apoyo legislativo para el programa de gobierno.
La explicación de las razones que llevaron a más de la mitad de los votantes a manifestar su insatisfacción con el actual modelo de desarrollo es algo que compete a los analistas peruanos.
Lo que parece evidente es que un amplio sector de la sociedad percibe que los beneficios del crecimiento económico de los últimos diez años no corresponden a sus expectativas.
Lo cual no debe interpretarse como evidencia de que el crecimiento económico del Perú haya sido espurio o de que se trata de un 'crecimiento empobrecedor' que habría acentuado el nivel de pobreza. Ni lo uno ni lo otro.
El desempeño de la economía peruana durante esta década se compara favorablemente con el del resto de países de América Latina.
En términos de la solidez de sus indicadores macroeconómicos, Perú es considerado como el país estrella de la región. El crecimiento ha estado acompañado por un aumento del empleo, mayor cobertura de servicios básicos y una reducción de la pobreza.
Estos son logros considerables que deben preservarse y consolidarse. Quizás cierta complacencia con los resultados económicos hizo perder de vista la imperiosa necesidad de asignarle mayor prioridad al objetivo de reducir las desigualdades regionales y sociales que subsisten.
Todo régimen democrático requiere adoptar un propósito decidido por alcanzar mayor equidad. Parte del problema es atribuible a la incapacidad de gestión de las regiones de los recursos que les transfiere el gobierno central para financiar programas sociales.
Pero el déficit político del Perú radica en sus dirigentes. La disyuntiva actual revela la carencia de una clase política responsable y de un establecimiento lúcido.
Las consecuencias de fraccionar el voto de centro, subestimando los movimientos anti-sistema, eran predecibles.
Prevalecieron los personalismos y la indiferencia frívola del sector empresarial. Estas son deficiencias que será necesario corregir, si Perú desea seguir avanzando en el camino hacia la modernidad.
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