Hay 19 millones de expedientes atollados en los juzgados y el pleito promedio tarda 7 años en resolverse. Qué bueno sería, pues, que el proyecto de reforma de la justicia buscara "acelerar y descongestionarla", como ofreció Uribe en el Manifiesto de los Cien Puntos. Pero no, lo que el Ministro propone ahora es que los magistrados duren más tiempo en el puesto y que puedan escoger a sus colegas.
Semejante desubique no es ingenuo. Con esas y otras zanahorias el Gobierno aspira a que las Cortes apoyen y por ende legitimen el proyecto. Más aún, si el Congreso las acepta o las mejora, se estaría congraciando con sus jueces -lo que le cae de perlas-.
En todo caso el Congreso es soberano, y una vez llegue el Proyecto, podrá cambiar y agregar cuanto mico se le antoje. O sea, en castellano, que el bus de la reforma servirá para que los congresistas metan el gol de la impunidad para sus compañeros de la parapolítica.
Y es que hay mil rendijas por donde esa impunidad puede colarse. La misma Corte Constitucional abrió ya una, con su sentencia sobre los juicios ante la Corte Suprema. Cierto que el investigador debe ser distinto del juez para evitar los prejuicios; pero ahora los condenados o envainados ante la Corte Suprema pedirán que se anulen sus procesos. Es lo que se llama el principio de favorabilidad: en materia penal, las leyes que benefician a los reos se aplican de modo retroactivo. Y acá empalma la segunda propuesta del gobierno, la reforma política, la otra pinza de la gran jugada.
La esencia de esta reforma es hacer que los partidos paguen un costo político por los delitos graves de sus candidatos, bien a través de la "silla vacía", bien a través de las sanciones sugeridas por la Comisión de Notables. El punto crítico es si estas sanciones se aplican por los congresistas hoy condenados o investigados, o si sólo se aplicarán en el futuro.
El Presidente afirma que deben ser futuras, que la reforma debe "operar solamente para hechos que se presenten a partir del 20 de Julio del año entrante". Esto en castellano significa que no habrá sanciones para ninguno de los 7 partidos enredados en la parapolítica, 6 de los cuales son uribistas. Más aún: significa pasar en blanco esta página negra de nuestra historia, porque los paramilitares y sus cómplices ya acabaron su supuesta tarea "antisubversiva".
Con el aditamento de la favorabilidad: aunque la reforma diga que rige "a partir del próximo 20 de Julio", cualquier rendija que abra será empleada pare evadir la responsabilidad penal de los 65 y más congresistas implicados.
Y con el pretexto, como dijo también el Presidente, de que si la reforma es para el futuro "podremos contar con que todos voten, sin que los impedimentos nos afecten el quórum". O sea, en castellano, que la única manera de evitar los impedimentos es abstenerse de sancionar a los partidos que auspiciaron el paramilitarismo -y que de paso causaron los impedimentos que ahora les impiden castigar a los parapolíticos-.
Es el tipo de movidas sutiles y latinas que ha venido denunciando una persona de tanta integridad como es Antanas Mockus. Pero otras jugadas son menos sutiles, como la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema, contra el investigador estrella Iván Velásquez y contra Piedad Córdoba y Gustavo Petro, los dos congresistas que se jugaron a fondo en denunciar el paramilitarismo.
Habría un modo muy sencillo de empujar una reforma de la justicia que atendiera a los problemas de la justicia y una reforma política que no fuera abortada por los impedimentos. Ese modo sería un referendo con 5 millones de firmas, encabezado por el Primer Mandatario como líder moral de la nación.
Pero los 5 millones de firmas andan ocupadas en otro referendo, el referendo para elegir a Uribe Presidente por tercera vez. Y un Presidente que quiere reelegirse no se echa encima a los partidos y a los congresistas que en esos mismos días deben aprobar su reelección.
Y sin embargo la gente cree que "Operación Jaque" fue la gran jugada.
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