Al entrar en su cuarta semana, los vientos de acuerdo aún no llegan y el paro judicial parece un tema difícil de resolver, con el agravante que a la protesta se le sumó el Instituto de Medicina Legal y se espera que en los próximos días se sume el sindicato del Inpec.
Además, continúa la expectativa de que en al menos 10 días el Tribunal Superior del Casanare resuelva la demanda de ilegalidad del paro que fue radicada por el Gobierno y que es la única de varias presentadas que podría resolverse con prontitud.
El cese de actividades que se realiza en 27 ciudades y de acuerdo con la Contraloría se están perdiendo 2.700 millones de pesos diarios y se han dejado de hacer 165.000 trámites judiciales.
Aunque ya la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa , anunció que no se pagarán los días de paro a los empleados que participen, el director de Medicina Legal, Eduardo Valdés , estimó que aun no han evaluado si sucederá lo mismo con los trabajadores del Instituto "hasta que no se tenga certeza de que el paro se declara ilegal o no".
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le dijo a Colprensa, que si las Unidades de Reacción Inmediata, URI, se niegan a realizar levantamientos de cadáveres o a recibir personas sindicadas de delitos, se pondría en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Uno de los casos más preocupantes está en Cali, donde al menos diez cadáveres permanecen represados en la morgue de esta ciudad del Valle del Cauca. Eduardo Castellanos , uno de los empleados que acompaña la protesta, le confirmó a la agencia de noticias, que aunque los cadáveres se siguen entregando, hay algunos retrasos. Valdés , anunció la creación de una morgue alterna en Cali para poder cumplir con sus labores y no afectar a los familiares.
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