El arresto de Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de San Cristóbal y uno de los más visibles opositores al mandatario Nicolás Maduro, hace parte de la nueva estrategia del Gobierno venezolano para terminar con la peor ola de protestas de la última década en el país, que ha dejado 31 muertos.
Aunque el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo que Ceballos enfrentaría cargos por los presuntos delitos de "rebelión civil y agavillamiento" por la violencia en San Cristóbal, la ciudad más sacudida por las protestas, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusó al Gobierno de secuestro.
"Exigimos de inmediato la liberación de Daniel Ceballos y una explicación pública y real de (...) este secuestro que solo demuestra que estamos ante un gobierno que está lejos de comportarse como un gobierno que respeta los derechos humanos", señaló la MUD en un comunicado.
La alianza opositora reclamó que la detención de Ceballos se produjo "violando todos los procedimientos legales que se requieren para una acción de esta naturaleza".
"Condenamos esta, por demás ilegal, detención del alcalde Ceballos, y alertamos al país y a toda la comunidad internacional este vil atropello a los derechos como ciudadano del alcalde y a su investidura otorgada por la voluntad del pueblo de San Cristóbal, a quien se detiene sin imputación previa", apuntó la MUD.
El pronunciamiento fue lanzado minutos antes de que otro alcalde, el del municipio San Diego, en Valencia, Vicencio Scarano, fuera condenado por el Tribunal Supremo (TSJ) a 10 meses y 15 días de prisión por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas a quienes protestan contra el Gobierno.
Luis Vicente León, presidente de la encuestadora local Datanálisis, piensa que el arresto y la condena contra ambos mandatarios locales "es un cruce de frontera. El gobierno decide radicalizarse totalmente frente a su adversario y se la juega por la vía dura de represión".
León también evaluó la situación de los críticos de Maduro: "A la oposición la agarran en un momento de desarticulación relevante. La oposición fracturada con muchos conflictos internos, con peleas de liderazgo por el control de sus grupos y que además impide, dificulta las posibilidades de articulación futura".
Para Henrique Capriles, líder opositor, "Nicolás les puso gasolina a las calles, la mayoría de los venezolanos quiere paz pero él no… Esas decisiones fascistas demuestran que estas decisiones autoritarias pretenden callar la voz de los venezolanos con represión", señaló.
La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, sostuvo ayer que "las autoridades de Venezuela parecen preparar el escenario para una caza de brujas contra los líderes de la oposición", dijo la directora adjunta del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo.
"Es una señal del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país", añadió Marengo en un comunicado en Londres, en el que agregó que "si las autoridades venezolanas no respetan los derechos humanos y no actúan con moderación, sus acciones provocarán aun más violencia".
Mientras tanto, agentes de la policía antimotines dispersaron ayer con gases lacrimógenos y carros una manifestación de miles de personas en Caracas, en rechazo al arresto de los dos alcaldes de la oposición.
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