La OEA aprobó ayer un paquete de recomendaciones para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, algunas de las cuales fueron severamente criticadas por numerosas organizaciones no gubernamentales por considerar que debilitan la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente la de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión.
La presidenta de la Cidh, Dinah Shelton, dijo que el organismo comenzará a evaluar las recomendaciones cuando celebre su sesión formal en marzo, y resuelva si las acoge o no, en ejercicio de su autonomía jurídica.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó las recomendaciones después de que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa cuestionara en diciembre "grandes distorsiones" de la OEA y de la relatoría de la Libertad de Expresión, a la cual acusó de estar sesgada porque "está financiada en un 80 por ciento por Estados Unidos y la Unión Europea (UE)".
La relatoría sobre la Libertad de Expresión, encabezada por la colombiana Catalina Botero, ha emitido varios comunicados de prensa sobre Ecuador desde que la Cidh celebró el año pasado una audiencia sobre la libertad de expresión en la nación andina, gran parte de la cual giró en torno al juicio que Correa iniciara en contra del exeditor de opinión y tres directivos del diario El Universo . La relatoría también se ha pronunciado recientemente sobre otros países como México y Brasil.
Una coalición de más de 60 organizaciones no gubernamentales criticó que algunas de las reformas aprobadas fueron incluidas en el debate "a última hora y sin posibilidad de participación de la sociedad civil", en una misiva enviada la víspera al embajador mexicano ante la OEA, Joel Hernández, presidente del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Cidh, que preparó la propuesta de reformas.
Hernández rindió en diciembre un informe oral sobre las recomendaciones del grupo especial, creado por el Consejo Permanente de la OEA en junio y que en principio estuvo presidido por el entonces embajador peruano ante la OEA Hugo de Zela.
La votación tuvo lugar durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente que reunió una convocatoria mayor a la habitual, y que estuvo precedida por los severos cuestionamientos a las reformas expresados por organizaciones como el Centro por la Justicia y Ley Internacional (Cejil por sus siglas en inglés), la Fundación para el Debido Proceso Legal (Dplf ), Reporteros sin Fronteras y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
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