Provechoso y oportuno debate organizaron la Universidad Externado de Colombia y la publicación Ámbito Jurídico, el pasado jueves, en Bogotá, sobre "Los dilemas jurídicos del proceso de paz".
Aunque la atención de varios medios se concentró en el contrapunteo entre el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, lo que allí se dijo tiene más trascendencia que eso. Lo que se está jugando el país entero en el proceso que se adelanta en La Habana es más importante que saber si el fiscal y el procurador se saludan cordial o fríamente, o si se miran con recelo o con respeto.
Para empezar, lo que dijeron uno y otro estuvo perfectamente estudiado. No llegaron a improvisar. Las posiciones de ambos están más que claras.
El fiscal Montealegre tenía ante sí a un auditorio favorable -es un hombre de la entraña del Externado-. Lo aprovechó para complacer al público con descalificaciones a la visión jurídica caduca -según él- del procurador, y reiteró sus muy cuestionables tesis sobre la "relatividad de los derechos fundamentales", la impertinencia de asumir el valor de la justicia como absoluto, y del derecho a la paz como prevalente sobre cualquier otra consideración.
El procurador, por su parte, no se amilanó ante un entorno hostil ni se rebajó ante los dardos lanzados con falsa cortesía por el fiscal. No solo respondió con habilidad política las invectivas, sino que desde el punto de vista jurídico -que era de lo que trataba el foro- mostró dominio, seguridad y, sobre todo, solidez argumental.
Las variadas controversias en que se ve envuelto el procurador Ordóñez, sea por razón de su cargo o no, hacen que se caricaturicen muchas de sus posiciones. En el tema de la paz, no ha sido la excepción. Sin embargo, se oyó clara su voz en el sentido de apoyar un sistema de justicia transicional que permita desarrollar con aceptable éxito un proceso de paz y reconciliación.
Vimos un fiscal general que, envaneciéndose con una erudición clásica un tanto irrelevante para estos propósitos, parece haber renunciado en definitiva al ejercicio de su función constitucional básica, que es reducir la impunidad y luchar contra el delito. Y a un procurador que le recordó que hay una legislación vigente, nacional y supraestatal, que obliga a garantizar unos mínimos de justicia, y que no se puede dejar de aplicar, por muy vehemente que sea el deseo de su contradictor por aparecer como el gran gestor de la paz.
Los dilemas jurídicos del proceso de paz son muchos. Y no son los únicos, por supuesto. Los hay éticos, financieros, sociales, políticos, incluso electorales. Pero son las normas jurídicas y su cabal aplicación e interpretación las que conducirán a un proceso de paz bien fundamentado. La inseguridad jurídica en un proceso de transición del conflicto interno a la desmovilización y el desarme, sería fatal.
Mención aparte merece el realismo cínico del presidente del Senado, Roy Barreras. Habló, sin mayor reparo, de la necesidad de acudir a "atajos constitucionales" para ofrecer a la guerrilla espacios de participación política el año entrante. Ya no hay tiempo de tramitar leyes estatutarias, vamos para un año electoral. ¿Se agradece su franqueza, o se condena su desdén por la legalidad?
En todo caso, ojalá los debates sigan teniendo altura. Habrá posiciones antagónicas, irreductibles, es inevitable. Pero discutir y respetar es un gran aporte a la paz.
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