Muchos politólogos y columnistas de opinión se han referido a las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional para acabar con las Farc. Han reclamado al nuevo Presidente el cumplimiento de la promesa de tiempos electorales de continuar con la política de "seguridad democrática", hoy cifrada en "legalidad democrática".
La gran dificultad, el gran reto y la más alta prioridad, no es acabar con la guerrilla. La captura o baja de cabecillas no es noticia que garantice su final. Es una ilusión desvanecida la que tenemos cuando así se piensa. La verdad es que llevamos sesenta años tirándole a un fantasma que se esfuma, se camufla, se fusiona y se multiplica, mientras se desdibujan las verdaderas prioridades del país.
La gran prioridad es acabar con las condiciones que hicieron posible la conformación de las guerrillas, los grupos criminales y las organizaciones delincuenciales que hoy azotan la tranquilidad y la prosperidad de los colombianos.
La prioridad está en acabar con los motivos que nos llevaron al hambre, con las razones que sembraron la desesperanza, con las políticas que pintaron este panorama incierto, donde los puestos de trabajo no están en las fábricas y el campo, sino en los semáforos, debajo de los puentes, en recorridos de buses urbanos, en chazas ambulantes, en la economía del rebusque, en el crecimiento vergonzoso de la infancia que trabaja, de la infancia que se enfila en las guerrillas, en los modos descabellados que cada quien se ingenia para ganar el pan.
Es posible que si los campesinos tuvieran garantías para cultivar sus tierras sin el peligro de ser arrebatadas por bandas de delincuencia -paramilitares, guerrilla o bacrim- si entendiéramos que la educación, la formación ciudadana, la atención a la infancia y la promoción del emprendimiento son urgentes prioridades, si lográramos una explotación regulada y cuidadosa de nuestros abundantes recursos naturales, pudiéramos estar en la vía de construcción del país que soñamos.
La evidencia del equívoco acumulado es que no alcanzan los centros de reclusión para guardar a quienes delinquen.
Las casa-cárcel y los inoperantes brazaletes no son otra cosa que salidas tibias a la alta densidad de los centros penitenciarios que, más que espacios de resocialización, son ahora academias de perfeccionamiento del delito.
Mientras tanto, se van por hueco sin fondo los recursos del país que, de forma estratégica, podrían apuntar a medicinas acertadas para acabar con ese brutal monstruo de mil cabezas de la delincuencia.
Por supuesto que, con el daño hecho al país, el Gobierno deberá persistir en acciones contundentes contra las Farc, las bacrim, la corrupción, la delincuencia, etc.
Pero sería un desangre presupuestal inútil, si no se adelanta, de forma paralela, la inversión en las verdaderas prioridades de la Nación.
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