La campaña para la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado , está copando buena parte de la agenda política nacional, paradójicamente, con la misma intensidad que los diálogos de paz.
Una vez expedida la Constitución de 1991, el Procurador General es elegido por el Senado, de una terna conformada por candidatos de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.
La Corte Suprema de Justicia, por votación mayoritaria -algunos medios hablaron de “unánime”- escogió como su candidato al actual Procurador Ordóñez.
Fue Edgardo Maya Villazón quien abrió, amparado en la ausencia de prohibición expresa en la Carta Política, la modalidad de hacerse reelegir, apoyándose en el descomunal poder burocrático y político que ha acumulado la Procuraduría.
Cuando el actual Procurador, Alejandro Ordóñez , tomó posesión de su cargo hace poco menos de cuatro años, la pregunta fue inevitable: ¿querrá usted reelegirse? Recordamos su respuesta: “no me interesa. Mi prioridad es hacer una buena gestión”.
Y buena gestión ha hecho. A diferencia de su antecesor inmediato, que dejó decisiones sin firmar para no comprometerse, el doctor Ordóñez ha ejercido su labor de control con criterio riguroso. En ocasiones, incluso, con una dureza desproporcionada, como hemos tenido ocasión de señalarlo desde este mismo espacio.
Sus posiciones verticales le han acarreado enemigos ruidosos y encarnizados. Sus posiciones religiosas le han merecido reproches y vituperios. Afortunadamente, el Procurador ha preferido concentrarse en sus investigaciones, antes que en responder agravios.
No obstante, tenemos que manifestar que ver a un Procurador en campaña nos genera muchas inquietudes, y dudas sobre la conveniencia de que la cabeza de un organismo de control tenga que verse sujeto a pedir votos.
El mismo Procurador ha confirmado que varios partidos políticos ya le han comprometido su apoyo y, cuentas en mano, da por asegurada su reelección por votación abrumadora en el Senado.
Y esto, cuando ni siquiera hay terna integrada, como lo manda la Constitución.
Así las cosas, ¿quién va a estar dispuesto a integrar una terna, cuando ya está cantada una elección, y cualquier resultado distinto es irreal?
Han sido imprudentes los partidos políticos, no por apoyar al actual Procurador, sino por manifestarse antes de que haya terna. Eso muestra un desprecio por los procedimientos constitucionales, incluso una falta de delicadeza con el Consejo de Estado y el Presidente de la República, que no han escogido sus candidatos.
En un país como este, ¿se podrá pensar que el voto de los senadores es enteramente a conciencia?, ¿libre de compromisos o contraprestaciones? Sería muy útil conocer el estado de las investigaciones que afectan a algunos parlamentarios: ¿seguirán su curso normal?, ¿tendrán frenos?
Por otra parte, las supuestas relaciones de carácter burocrático del Procurador/candidato y sus nominadores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otras altas cortes y los congresistas, generan suspicacias, además de reservas éticas sobre la verdadera labor del ente de control disciplinario.
Finalmente, es un serio aviso la orden emitida por la Corte Constitucional al Procurador Ordóñez y a dos Procuradoras Delegadas, para que rectifiquen afirmaciones y revoquen Circulares oficiales sobre el tema del aborto. Más que la orden de rectificar, hay que mirar el fondo del asunto.
Según la Corte, los tres funcionarios desconocieron el real sentido de una sentencia judicial. Sin entrar al complejísimo debate del aborto, el Procurador deberá demostrar su acatamiento a la ley y a una orden judicial, y de su actitud ahora dependerá que la campaña en su contra tenga éxito o se quede en simple ruido de fondo.
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