Entre dos montañas del sur del Huila se levanta de a poco una gran presa de 151 metros de altura. La estructura gigante contendrá las aguas ocres del río Magdalena y formará una inmensa laguna de 8.250 hectáreas en tierras de seis municipios de este departamento del sur de Colombia.
Se trata de la española Endesa, filial del grupo italiano Enel. Hoy produce a través de la firma Emgesa una quinta parte de la energía del país con cinco centrales operadas por Emgesa, mientras comercializa un 18 por ciento mediante la subsidiaria Codensa.
En el mismo lugar donde el 13 de febrero de 2012 se registró un desalojo de cientos de campesinos que buscaban impedir el desvío de las aguas del Magdalena y dejó varios heridos, el director de Endesa Colombia, Lucio Rubio Díaz, explicó a este diario que esa protesta, de haber prosperado, implicaba atrasar un año las obras del proyecto que comenzó a construirse desde noviembre de 2010.
"Fue una medida que tomó la Fuerza Pública para poder realizar más que una afectación directa a esas personas", agregó, mientras pasaba revista a las obras en trabaja un ejército de 3.096 personas.
Lo cierto es que ya hay un avance de 43 por ciento de las obras de la central de 400 megavatios de capacidad instalada y que generará desde diciembre del próximo año el 4 por ciento de la demanda de energía del país.
Hasta ahora se han invertido 350 millones de dólares de los 837 millones en que se tasó el costo de un proyecto que, según Rubio, representará ingresos anuales para Emgesa que oscilan entre los 200 y 250 millones de dólares.
Entre tanto, la acérrima oposición que empezó desde hace cinco años al proyecto, por considerar nefastas sus implicaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, ya ha trascendido las protestas, marchas, bloqueos y varios recursos jurídicos interpuestos en todas las instancias del Estado.
Las dos caras de El Quimbo
El profesor de la Universidad Surcolombiana Míller Dussán Calderón, director de Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), se encuentra en Italia buscando apoyos con organizaciones civiles de ese país que se oponen a este tipo de obras de la multinacional Enel.
"En este momento se están buscando apoyos y alianzas con organizaciones europeas para que varias delegaciones internacionales concurran el 12 de octubre próximo en un encuentro en la zona de El Quimbo y que tanto la empresa y el Gobierno cumplan con su responsabilidad de restituir los derechos de muchas familias afectadas", explica Jénniffer Chavarro Quino, investigadora de Asoquimbo.
Pero Endesa insiste que ha cumplido con todos los requerimientos dictados por la licencia ambiental del proyecto y que, acorde con el censo adelantado, está compensando de forma adecuada a las 458 familias (1.764 personas) que deben reasentarse, así como a 1.272 personas que devengaban su sustento del territorio intervenido por el proyecto.
"Ya se tiene acuerdo con cerca de 150 familias de tres veredas para su lugar de reasentamiento y 1.224 personas no residentes se han acogido a la medida de compensación", afirma Rubio.
Según el directivo, en mes y medio se comienza la construcción de 170 soluciones, cada una con un costo de 130 millones de pesos. Eso incluye una casa de 100 metros cuadrados, dentro de una parcela de 500 metros, sin contar un terreno productivo de 5 hectáreas. A los no residentes se les da un auxilio durante su capacitación de 6 meses en el Sena y un capital semilla que está entre 25 y 45 millones de pesos.
Pero los opositores al proyecto señalan que el censo adelantado por Emgesa no se corresponde con la realidad y que excluyó a miles de personas más en la zona. "Hicimos un ejercicio de recoger información básica y arrojó que 1.300 personas quedaron por fuera del censo, pero pueden ser muchas más", agrega Chavarro.
¿Qué dice el Estado?
En este tire y afloje por El Quimbo han terciado los entes nacionales de control del Estado.
La Procuraduría conceptuó en mayo de 2009 que habría que abstenerse de otorgar licencia ambiental porque "no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región".
Por su parte, la Contraloría General abrió en 2011 indagación preliminar "con el objeto de establecer presuntas irregularidades en el expedición y modificación de la licencia ambiental", después de valorar hechos y pruebas que determinaron, entre otros incumplimientos en la revegetalización, retrasos en la restitución de empleos asociados a zonas productivas y restauración de bosques, como señala un informe de octubre del año pasado.
Esto dio pie a solicitar a la Procuraduría abrir un proceso de responsabilidad fiscal de un "posible daño patrimonial" estimado en 350.644 millones de pesos.
Sobre estos procesos y actuaciones ante el proyecto El Quimbo, este diario indagó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.
Por ahora, un nuevo frente de conflicto se abre por cuenta de El Quimbo. Rubio señala que hay cerca de 150 "invasores, incluso provenientes de otros departamentos" que se han ubicado en terrenos del proyecto o en los comprados para reasentar a las familias. Pero Chavarro responde que "no se puede estigmatizar ni criminalizar" a unos campesinos que buscan les garanticen sus derechos.
Las obras avanzan, Emgesa y Asoquimbo se mantienen inamovibles en sus argumentos, las investigaciones continúan, en las próximas semanas se espera un fallo del Tribunal Administrativo del Huila y las opiniones a favor y en contra del proyecto se multiplican en las redes sociales.
De parte del Gobierno, lo último que dijo el presidente Juan Manuel Santos fue en septiembre pasado: "Nosotros les exigimos a todas las empresas responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Y la Represa de El Quimbo o cualquier otra represa no está exenta de esa responsabilidad".
*Por invitación de Emgesa
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