Después de toda elección las denuncias de fraude ocupan primeras planas de los periódicos. Al comienzo eran episodios aislados, llamados genéricamente chocorazos, porque los últimos votos en contabilizarse en Bogotá, con los cuales se cometía el fraude, eran de los departamentos alejados como el Chocó. Luego apareció la trampa organizada desde las registradurías municipales y delegaciones departamentales.
Ahora, el fraude alcanza el más alto nivel, según denuncias recientes de una "registraduría" paralela, que vende credenciales para senadores y representantes.
En 1881, el astrónomo Simon Newcomb estudió la frecuencia con que deberían observarse los dígitos de un número tomado al azar y propuso una ley para dicha frecuencia, anotando que la comparación de la frecuencia teórica con la observada en la realidad, debería indicar el grado de "naturalidad" de los datos. Años después Frank Benford, hizo el análisis de numerosas bases de datos en varios miles de registros y encontró una sorprendente conformidad con la distribución de dígitos esperada según el modelo de Newcomb. Por cosas de la vida, la ley acabó llamándose de Benford y no de Newcomb, quien fue su autor.
En tiempos actuales, la desviación de la distribución de dígitos de conteos electorales con respecto a la predicha por la ley de Benford se interpreta como una "anomalía" que sugiere manipulación de los datos. Un resultado electoral que no se conforme a las expectativas de Benford solamente es una alerta que debe orientar hacia una investigación más detallada, y no es prueba segura de una manipulación perversa. Esta aproximación matemática a la detección de fraude electoral ha sido utilizada en Estados Unidos, Rusia y México, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, entre otros países.
En un trabajo reciente Álvaro Riascos, Diego Jara, Luis Felipe Parra, y Mauricio Romero, de la Universidad de los Andes y de la empresa Quantil/Matemáticas Aplicadas, usaron la ley de Benford a algunas elecciones en Colombia.
Estudiaron las elecciones de 1922, porque un estudio publicado en Estados Unidos sugirió un fraude a favor de Pedro Nel Ospina en detrimento de Benjamín Herrera. Curiosamente, la aplicación de la Ley de Benford en los municipios señalados como sospechosos por el estudio norteamericano mostró "anomalías" sugerentes de fraude.
En las elecciones del 19 de abril de 1970, cuando se suspendió la transmisión del conteo electoral, el último boletín daba como ganador a Rojas Pinilla; pero en la madrugada siguiente apareció Misael Pastrana como ganador. El análisis de los resultados demostró "anomalías" en la votación individual de Pastrana según la ley de Benford; no así en la de Rojas Pinilla.
En la primera elección de Álvaro Uribe Vélez, en el 2006, elecciones sobre las cuales no existieron mayores denuncias de fraude, el análisis de Benford no generó ninguna sospecha o anomalía.
La aplicación de la ley de Benford a los resultados de las elecciones para la Alcaldía de Cali en 2007, revela una "anomalía" en los votos de Jorge Iván Ospina; en cambio, la comparación de los votos de Francisco José Lloreda con lo esperado según la misma ley, no revela nada anormal. Para las elecciones al Congreso de 2010, Valle y Antioquia presentan "anomalías" y fue precisamente en estos dos departamentos donde se presentó el mayor número de reclamos por fraude.
Una forma de reducir la frecuencia de fraude sería remplazar la engorrosa, obsoleta y costosísima logística de mesas, jurados, tarjetones impresos y centros caóticos de conteo, por el voto electrónico, identificando al votante por la lectura electrónica de su huella digital, como se hace ya en muchos países.
Pero es difícil que nuestra clase política cambie un sistema tan propenso a la trampa, porque ya es experta en aprovecharlo a su favor.
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