El politólogo e historiador Fernán González, escribía en un excelente y premonitorio ensayo sobre la cultura política colombiana, hace quince años, que: "La mentalidad totalizante puede deberse también al esquema complotista de interpretación de la historia, que concibe los momentos conflictivos de ella como síntomas de un caos producido por la acción consciente y voluntaria de un grupo de tenebrosos conspiradores que obedecen a un plan preconcebido para destruir el orden idílico que se suponía existía en el pasado? La lectura complotista de la historia ha servido de justificación al antisemitismo nazi y a todas las persecuciones de grupos étnicos y de disidentes a lo largo de la historia: los supuestos agentes del complot van cambiando con las épocas y con las diversas situaciones políticas: judíos, comunistas, los agentes de la CIA, de la KGB y hoy de la DEA han representado en ocasiones ese mítico papel".
Lo anterior es pertinente recordarlo ahora que frente a la conflictividad social que se ha venido presentando, por razones diversas, de nuevo la visión complotista reaparece en la escena política para buscar descalificarla. No se puede descalificar de un plumazo el movimiento de los trabajadores de la Rama Judicial que exigía cumplimiento a la ley para su reclasificación, el de los corteros de caña en el Valle del Cauca demandando mejoras en las condiciones de trabajo, o la Minga de los indígenas del Cauca por sus reivindicaciones de tierras y de respeto a su cultura, históricamente desconocidas, a pesar de las normas de la Constitución del 91 que reconoce sus derechos -quien conozca la historia de las luchas indígenas caucanas sabrá que siempre han tenido profundas diferencias y tensiones con los grupos armados, especialmente las Farc-.
Lo que realmente está detrás de esto es un talante autoritario que se expresa en dos manifestaciones: 1) tiende a ver los conflictos sociales como algo patológico que hay que exterminar o suprimir, desconociendo que los conflictos, como lo entiende una perspectiva democrática, son normales en toda sociedad y son expresivos de las diversas expectativas y aspiraciones existentes en las mismas y que se debe buscar es su no contagio con la violencia y que existan mecanismos para su solución a través del diálogo y el acuerdo; 2) considera que asumir una actitud de diálogo y concertación frente a las demandas sociales, es expresión de debilidad y que por el contrario lo que se debe hacer es enfrentar la protesta social legítima con el recurso a la fuerza de las instituciones armadas del Estado.
La protesta social no sólo es un derecho de los sectores sociales que consideran que sus demandas no son escuchadas, sus problemas no son resueltos por los gobernantes y en esa medida acuden a hacer explícito su descontento, pero adicionalmente es una forma de participación social extrainstitucional que les permite a sectores sociales expresar el malestar acumulado y demandar de sus gobernantes respuestas a sus petitorios.
Uno de los efectos negativos de la persistencia del conflicto interno armado y la violencia en Colombia, ha sido el permitir que algunos gobernantes tiendan a desconocer y en ocasiones a criminalizar la lucha social y su mecanismo de protesta, asociándola supuestamente con las actividades de lo grupos violentos.
El gobierno debiera saber que cuando a nivel internacional se reclama respeto por el sindicalismo y su ejercicio, especialmente en Estados Unidos, no es solamente que no asesinen a los sindicalistas, sino que la lucha social pueda realizarse de los sindicatos, los indígenas, los campesinos- sin que los estigmaticen y los coloquen en la picota, como 'enemigos de la llamada gente de bien'.
Ojalá los gobernantes no sean tan agresivos con las demandas sociales de los más pobres y al tiempo muy sumisos con las demandas de los poderosos.
*Profesor Universidad Nacional
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