La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley que regula las escuchas a supuestos terroristas en territorio de ese país y concede inmunidad a las empresas telefónicas que participen en ellas.
Por 293 votos a favor frente a 129 en contra, la Cámara Baja aprobó el proyecto.
Diseñada por negociadores demócratas y republicanos, la Casa Blanca apoyó la medida que sentará un marco para las escuchas telefónicas. Se espera que el Senado le otorgue la aprobación final a la norma la próxima semana, lo que despejaría el camino para que George W. Bush firme la ley para su entrada en vigor.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la oposición a la norma en esa Cámara es mayor.
El proyecto de ley "permitirá a nuestros profesionales de inteligencia enterarse de los planes del enemigo para atacarnos", sostuvo Bush pocas horas antes de la votación de ayer. "Esto asegura que las compañías, cuya asistencia es necesaria para proteger al país, sean protegidas de sus responsabilidades", agregó el Presidente.
Además de darles a las compañías de telecomunicaciones la posibilidad de una revisión judicial de las demandas pendientes, la normativa aumentará la supervisión sobre las actividades de inteligencia del Poder Judicial y del Congreso, mejorando la protección de los derechos civiles, aunque no tanto como algunos juristas quisieran.
Esta medida levantó críticas de un gran número de demócratas y de grupos que apoyan las libertades civiles. Incluso los demócratas que respaldaron la medida la defienden, aunque matizan que no es perfecta.
El diputado demócrata Steny Hoyer, jefe de las negociaciones, dijo a sus colegas: "Para ser claros, esta no es la ley que yo hubiera redactado en un mundo ideal".
Sin embargo, agregó: "Juntos, hemos trabajado para desarrollar una ley equilibrada".
La medida actualiza la ley de Vigilancia a las Actividades de Inteligencia Extranjeras (FISA) del año 1978 y establece reglas para las escuchas telefónicas autorizadas por el Gobierno en territorio estadounidense.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de Bush puso en marcha un programa de escuchas sin autorización judicial, que se suspendió en enero de 2007 después de que el diario The New York Times diera a conocer la existencia de esa práctica apenas un año antes.
Desde entonces se han presentado cerca de 40 demandas judiciales contra las compañías telefónicas que llevaron a cabo esas escuchas.
En su versión actual, la iniciativa legislativa otorga protección a las compañías telefónicas contra esas demandas, algo que normas anteriores no hacían.
Bush había amenazado con vetar cualquier medida que no concediera inmunidad a esas empresas.
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