Con el argumento de que Marilú Méndez (exdirectora del CTI de la Fiscalía) no buscaba un beneficio personal al influir en Harlan Henao, exdirector de Fondelibertad, para la asignación de contratos a empresas que son de su familia, su abogado defensor apeló la orden de detención domiciliaria emitida ayer por la Juez 59 de Garantías, de Bogotá.
Según la investigación de la Fiscalía, Méndez habría influido en Henao, para favorecer con un contrato de 99 millones de pesos a la firma Idrobo y Asociados, perteneciente a su exesposo Luis Isaid Idrobo Gómez, quien fue fiscal de la Unidad de Lavado de Activos.
También habría influenciado otro contrato de 51 millones de pesos para la sociedad Fares S.A.S. (creada por ella y otro fiscal) para una capacitación a la Policía Judicial.
De los contratos también se habría beneficiado uno de los hijos de Méndez y una hermana, quien habría recibido contratos para el aseo
A estas irregularidades se suma el traslado de tres personas de la Fiscalía de Cali a Bogotá para que dictaran la capacitación adjudicada a una de las firmas de su familia. Otros 12 funcionarios de la Fiscalía en la capital también fueron designados para la misma labor.
Para el traslado desde Cali habría utilizado documentación falsa con el argumento de una diligencia en Bogotá. Los 2,8 millones de pesos correspondientes al viaje de los funcionarios, fueron cargados a nombre de la Fiscalía, lo que fue calificado como detrimento patrimonial. Este dinero fue reintegrado por Méndez.
Por estos hechos, la exfuncionaria del CTI deberá responder por los delitos de tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Según la juez, Méndez podría intervenir en la investigación, debido al cargo que ocupaba en la Fiscalía. Por eso la detención domiciliaria.
No se allanó de cargos
En la audiencia de imputación de cargos realizada el jueves, Marilú Méndez no se allanó de cargos, aseguró que mientras estuvo al mando del CTI manejó más de 98.000 millones de pesos sin ninguna duda sobre su honestidad y agregó que no era un peligro para la sociedad.
Ayer, al conocer la decisión de dictarle detención preventiva bajo la modalidad de casa por cárcel, la defensa de Méndez señaló que no hubo interés en un beneficio personal en los contratos y que las empresas Fares S.A.S. e Idrago Asociados S.A. estaban capacitadas para ejecutarlos de la mejor manera.
Según la defensa, estas contrataciones se pueden realizar de forma directa y de manera reservada por cuestiones de seguridad.
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