Aunque las cifras de Acción Social indican que en el territorio nacional el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno disminuyó 56 por ciento en 2009, en tres municipios de Antioquia este flagelo aumentó.
En los 171 municipios del país en los que incrementaron los hechos de violencia "se registró mayor desplazamiento y se evidenció una alta presencia de cultivos ilícitos y de grupos armados ilegales", según indica el informe de Acción Social.
Este es el caso de Tarazá y Caucasia, en Antioquia; Saravena y Arauquita, en Arauca; Barbacoas, Tumaco y El Charco, en Nariño, y Planadas, en Tolima.
Para la personera de Caucasia Ivone Gómez, en 2009 este municipio, tradicionalmente receptor de desplazados de diferentes poblaciones del Bajo Cauca como Nechí, Cáceres y El Bagre y de los municipios más rurales de Córdoba, en 2009 presentó un aumento como municipio expulsor.
"Caucasia ha sido tradicionalmente un municipio expulsor, pero en 2009 aumentó el número de personas que salieron del municipio por causa del conflicto que vive la región", indicó la funcionaria.
Con respecto a los municipios más expulsores en 2009, encabezan la lista Tumaco, en Nariño, siendo el más crítico al registrar la salida de 7.353 personas, seguido de Medellín con 2.217 personas, un 18 por ciento más que en 2008.
Intraurbano
Para Luz Patricia Correa, gerente de la Oficina de Atención a la Población Desplazada del Municipio de Medellín, en 2009 la ciudad debió afrontar el desplazamiento intraurbano que se presentó en las comunas 1, 8 y 13.
"En octubre implementamos el mecanismo de protección de bienes de esta población vulnerable, para que no pierdan sus propiedades una vez se vean obligados a salir de sus barrios", indica Correa, quien manifiesta su preocupación por las dificultades en el tema de la valoración que hace el Gobierno de los desplazados intraurbanos.
"Hay un gran vacío jurídico, además no hay un criterio unificado y aún está en debate el tema de si estos nuevos actores armados, combos y bandas, son reconocidos o no para considerar a sus víctimas como afectadas por el desplazamiento forzado. Entonces no hay manera de darle a esta población el tratamiento jurídico diferencial que requiere".
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